El Estado es quien regula

El Partido Popular se acoge a que sólo el Estado puede regular las corridas de toros para intentar evitar que el Parlament de Cataluña tenga en su mano prohibir la Fiesta Nacional en esta comunidad como pretende la ILP de la plataforma abolicionista «Prou!». Los populares remitieron ayer al Consejo de Garantías Estatutarias –una especie de Constitucional catalán– su solicitud de dictamen sobre la proposición de ley antitaurina, y son muy contundentes en su argumentación, en la que dejan claro que la Generalitat estará invadiendo competencias del Gobierno si finalmente regula las corridas de toros en Cataluña.Toman como base para su defensa de la Fiesta el Real Decreto de 1985 de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de espectáculos públicos. Éste asegura que «la fiesta de los toros se regirá por sus reglamentos específicos de ámbito nacional, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat de acuerdo con el presente traspaso». El PP considera que, en virtud de la citada norma, «la Generalitat tiene las funciones de "policía de espectáculos"que hasta aquel momento desarrollaba el Ministerio de Interior».Además, la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a las Comunidades Autónomas de 1992 en su artículo 8.2 «reserva al Estado la facultad de dictar normas que regulen los espectáculos taurinos», asegura el PP. En consecuencia, entienden que «es el Estado el único órgano competente para poder regular los espectáculos taurinos, aunque la regulación de los espectáculos públicos sea competencia de la comunidad autónoma».A parte de la supuesta invasión de competencias, el PP alega a la defensa de la cultura y las tradiciones de nuestro país. Por eso, en su escrito considera que las corridas de toros «son, sin duda, una manifestación de la cultura española y catalana», y añaden que «es un derecho de los ciudadanos poder disfrutar de esta cultura tradicional y popular». En definitiva, el PP entiende que prohibir los toros «atenta clara y directamente» contra los derechos de los ciudadanos porque, si se prohibe la Fiesta, los catalanes no podrán disfrutar de estos espectáculos «en las mismas oportunidades que los ciudadanos del resto del Estado».La previsión es que el Consejo de Garantías Estatutarias realice su dictamen en aproximadamente un mes. De esta manera, la votación de la proposición de ley que se iba a realizar en el pleno que arranca mañana queda propuesta, previsiblmente, hasta el pleno previsto para mediados de julio.