Andalucía amenazó al Gobierno con agitar la calle si no relajaba su déficit

Madrid- Las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado martes recogerán el intenso rifirrafe que la consejera de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, mantuvo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del objetivo de déficit que el Gobierno ha fijado para las comunidades en el presente ejercicio: un 1,5 por ciento de sus PIB respectivos.

En 2011, el límite marcado por el Gobierno socialista fue del 1,3 por ciento, y entonces Andalucía sí que aceptó las condiciones sin plantear batalla, aunque al final, como ocurrió con el resto de autonomías, no cumplió la promesa dada. La Junta andaluza cerró el pasado año con un 2,9 por ciento de déficit según los datos oficiales, que la consejera, por cierto, cuestionó también de puertas adentro en la reunión celebrada en Hacienda. Según ha confirmado este periódico entre varios de los consejeros que participaron en la misma, Aguayo llegó a decir que «Andalucía no reconoce la cifra de déficit que se le atribuye a la comunidad». El ministro le contestó ofreciéndole los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda con las cifras de la Contabilidad Nacional y las enviadas a Eurostat para aclaraciones, pero hizo constar en acta su advertencia de que no permitirá que se ponga en duda la contabilidad española. Montoro también le exigió transparencia y que remita al Ministerio, como han hecho otras comunidades, la cifra que se les adeuda a los proveedores en Andalucía, así como la situación de las empresas públicas andaluzas y cuáles van a cerrar.

En su encendida intervención, la dirigente socialista llegó a blandir ante el Gobierno, bajo la exigencia de que se flexibilice el déficit para Andalucía, la amenaza de las protestas sociales. «Con un objetivo de déficit revisado minimizaríamos parte de la conflictividad social que vendrá», proclamó. Según los asistentes, la consejera planteó al Gobierno, repetidamente, que concretase las políticas que «deben recortarse» y cuáles deben quedar exentas del tijeretazo. Su insistencia llevó a que algunos consejeros interpretaran sus palabras como una exigencia, detrás de la que vieron el deseo de obligarle a asumir el coste político de las decisiones que tenga que adoptar Andalucía para equilibrar sus cuentas y ajustar el gasto público a las obligaciones que impone Bruselas.

«Creo que deberíamos consensuar qué políticas no deben recortarse y cuáles sí», defendió ante el plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En público, el discurso oficial de los partidos, y también el del PSOE, es que el Estado del Bienestar es intocable y que, por tanto, no caben «recortes» en los servicios públicos ni en las prestaciones. Los socialistas están intentando apropiarse de esa bandera para utilizarla como arma arrojadiza contra la gestión popular y los ajustes de sus gobiernos para cumplir con el plan de consolidación fiscal que exige la UE.

«Entramos en el quinto año de ajuste. Llegamos ya a la reducción del gasto sensible», reconoció, sin luz ni taquígrafos delante, la representante del Gobierno andaluz en la reunión del CPFF. Allí también demandó soluciones para los problemas heredados de la etapa socialista: «Se nos niega sistemáticamente la información de los ingresos que nos corresponden. Ocurría en la Legislatura anterior y con ustedes no se ha solucionado».

El interpelado, el ministro Montoro, le respondió poniendo el acento en el contrasentido que supone que no apoye ahora el 1,5 por ciento de déficit cuando el año pasado, cuando gobernaba Zapatero, se comprometió con el 1,3 por ciento.
«¿Votó usted o no votó el objetivo de déficit del 1,3 por ciento?», le preguntó el ministro, según varios consejeros. Y a su exigencia de que el Gobierno concrete los «recortes», replicó: «¿El pacto de Estado que propone [sobre las políticas recortables y las que no] en qué consiste? Se necesita el compromiso de todos. Necesitamos cifras, cifras...».

Otra de las exigencias de la consejera andaluza fue la de un déficit individual para cada comunidad. «Nosotros en dos meses hemos hecho nuestra tarea. Hemos subido los impuestos y hemos ahorrado casi 9.000 millones de euros en el acuerdo de no disponibilidad. Y estamos ganando en credibilidad», le contestó Montoro.

El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Percival Manglano; y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, fueron dos de los más incisivos en el cierre de filas con el Gobierno, y ésta última llegó a criticar expresamente la posición adoptada por Andalucía. Aguayo sorprendió en la reunión del CPFF por su virulencia, mientras que el consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, lo hizo justamente por la moderación de sus planteamientos.

Revisión del gasto tras las andaluzas
Hacienda ha creado un grupo de trabajo con las CC AA para que le hagan llegar sus propuestas para mejorar la eficiencia en el gasto; revisar los servicios públicos, e incluso para que trasladen al Gobierno qué prestaciones no pueden sostener y qué plantean qué se hagan con ellas. De ahí saldrá una revisión estructural del gasto público: nuevas fórmulas para mejorar en eficiencia, como centrales de compra; pero también la revisión de prestaciones que hasta ahora costean las CC AA. El trabajo empezará tras las andaluzas y afectará a medicamentos (el PP habló ayer de copago) y a otras tasas.