«La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar»

¿Cómo define todo lo sucedido en el Consejo General del Poder Judicial?
–Es obvio que se produjo una crisis institucional en el CGPJ, que se abrió por la dimisión de Carlos Dívar. Esto abrió un periodo en el que se han visto las distintas sensibilidades que existen en el Consejo y los propios vocales lo han resuelto eligiendo a una persona que, al margen de cualquier otra consideración reúne todos los requisitos para ser presidente del TS, por su condición de magistrado, de presidente de Sala y por su prestigio personal y profesional. Ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, y ahí el Ministerio tendrá una actitud de plena colaboración con el Consejo y su presidente.

–¿Tuvo el Ministerio algo que ver con la dimisión, más o menos forzada, de Carlos Dívar? ¿Influyó de alguna forma?
– No. De ninguna de las formas, en absoluto. El parecer del Gobierno es que todo lo que sea una crisis institucional en un momento tan delicado como el que vive España no contribuye a resolver los problemas que tenemos en esta situación económica, para lo cual la estabilidad de las instituciones es extremadamente importante. Por eso, celebramos que esa crisis, lamentando que se hubiese abierto y por la propia dimisión de Dívar, se haya cerrado.

–Las asociaciones critican duramente a su Departamento por entender que la reforma del CGPJ usurpa funciones al CGPJ.
–En absoluto es cierto eso. Ni una sola competencia de las que tiene el Consejo y que están establecidas en nuestra Constitución desaparece en la propuesta presentada por el Gobierno. No hay, por tanto, ninguna merma de competencias.

–¿Dónde radican entonces las profundas diferencias que mantiene Justicia con las asociaciones judiciales?
–Las diferencias se están planteando en otro aspecto, sensible, y entiendo que muy importante: si los funcionarios del Poder Judicial en su condición de pertenecientes a un poder del Estado distintos del Poder Ejecutivo están o no sometidos a las restricciones presupuestarias que se han adoptado para todos los funcionarios de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y nosotros entendemos que sí, que están sujetos. Eso no es ninguna merma a la independencia del Poder Judicial ni invasión de competencias. La situación de diferencia fundamental que en estos momentos mantiene el Ministerio con las asociaciones es que el Gobierno ha hecho extensivo a todos los funcionarios, incluidos los del Poder Judicial, las restricciones presupuestarias.

–Pero las asociaciones consideran que en el fondo lo que hay, detrás de la reforma, es quitar competencias al Consejo.
–Lo que me sorprende es que se haya manifestado un criterio sobre un texto que no conocen, porque a fecha de hoy no se ha trasladado a ninguna asociación el contenido del proyecto del Gobierno, como consecuencia del compromiso que tenemos de trasladarlo, con carácter previo (a los partidos) para el debate parlamentario. Eso explica, por ejemplo, en relación con el comunicado que hizo público la APM, que se diga que se quiere trasladar al Ministerio el proceso de selección de los jueces, cuando eso es algo que jamás ha estado en el proyecto del Ministerio.

–Pero también se ha anunciado una reforma que va a suponer un cambio sustancial en lo que afecta al CGPJ, donde, por ejemplo, sólo el presidente tendrá dedicación exclusiva.
–Hay un cambio que va en la misma línea, que es de restricción. Tenemos que adelgazar todas las administraciones públicas, como hemos hecho en la Administración General del Estado y eso mismo lo tenemos que aplicar también a la administración del Poder Judicial. Por tanto, estamos siempre en el mismo recorrido.

–Ese «adelgazamiento» del que habla, ¿afectará a las funciones que encomienda la Constitución al Consejo?
–En absoluto. En ningún caso, las funciones constitucionales que tiene el Consejo pasan en el proyecto del Gobierno al Ministerio de Justicia: ni una sola. Lógicamente, otro tipo de actividades, que no son competencias, sino actividades, como pueden ser las internacionales, se verán restringidas como se ha visto en toda actividad internacional en el resto de ministerios, salvo en el de Asuntos Exteriores.

–Vista toda la polémica suscitada en este tema, ¿no ha sido un error dar a conocer sólo la reforma que afecta sólo al CGPJ, que es una parte de la prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial?
– Los tiempos políticos los tiene que marcar el Gobierno, que es quien tiene la iniciativa legislativa. Y no se puede olvidar que el mandato del actual Consejo vence en septiembre de 2013, y, por tanto, nosotros no podíamos demorar la tramitación del proyecto de ley, porque ese documento tiene que estar aprobado seis meses antes de que finalice el mandato, es decir, en marzo del próximo año.

–Usted habló en su toma de posesión y lo ha reiterado después de que los 12 vocales de procedencia judicial serán elegidos directamente por los jueces y magistrados. Si el PSOE rechaza ese modelo, ¿el Gobierno mantendrá la postura que ya anunció?
–Lo que no vamos a hacer es «hipotizar el futurible». El PSOE ya tiene la propuesta de la Comisión Técnica y estamos a la espera de una respuesta. Lo que no vamos a hacer es pronunciarnos sobre algo que ellos no se han pronunciado todavía. Vamos a esperar a que nos digan cuáles son sus propuestas, y sobre eso haremos la negociación.

–Insisto, ¿su Ministerio sigue en la idea de esa elección directa de vocales de extracción judicial?
–Ésa es la propuesta de la Comisión Técnica y la que hemos trasladado al PSOE. La propuesta del Ministerio la haremos cuando terminemos todo el proceso de diálogo parlamentario.

–El TC se ha renovado con un notable retraso, al igual que ocurrió con el último CGPJ. ¿Sucederá lo mismo con el actual Consejo o se renovará en plazo?
–Se renovará en plazo, no tenga ninguna duda. Coincido con aquellos que nos han criticado, sobre todo a los dos partidos mayoritarios, por el retraso en la renovación del TC. Le aseguro que eso no ocurrirá con la renovación del CGPJ. Pero, además, creo que deberíamos, siguiendo el modelo alemán, buscar mecanismos que hiciesen imposible que eso ocurriera. Y creo que deberíamos hacer una reflexión tranquila, pero profunda, para introducir mecanismos semejantes en la legislación española, para que en aquellos supuestos en que el legislador incumpliera su obligación constitucional de producir un nombramiento hubiera mecanismos alternativos de nombramientos.

–En cuanto a los nuevos magistrados del TC, se criticó que algunos de ellos tienen un «marcado carácter político».
–Los cuatro magistrados tuvieron la mayoría de 3/5 del Congreso para ser elegidos, y desde ese momento ya no son ni del Grupo Parlamentario Popular ni del Socialista, ni de ningún otro grupo. Los cuatro lo son del Congreso de los Diputados, y ahí es donde radica la independencia que debe tener un miembro del TC. Protesto contra la idea de entender que el servicio a la sociedad a través de la política suponga una inhabilitación para el ejercicio posterior, desde la más absoluta independencia, de altas responsabilidades del Estado, como miembro del TC. Incorporar a ese tribunal a personas con experiencia política en modo alguno compromete su independencia.

–¿Cuándo terminará su Ministerio las reformas anunciadas para que se inicien los trámites parlamentarios?
– La de la Ley del Consejo General del Poder Judicial se presentará cuando terminemos este diálogo parlamentario que hemos iniciado y después cuando hagamos las consultas correspondientes, y eso, razonablemente, debe ser antes de dos meses; la reforma del Código Penal, que incluye la prisión permanente revisable, se presentará al Consejo de Ministros próximamente. El resto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial la queremos para antes de finales de octubre, conjuntamente con la Ley de Demarcación y Planta, que será una de las grandes novedades de esta legislatura; y sobre esas mismas fechas, octubre o noviembre, presentaremos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se incluirá el nuevo papel del Ministerio Fiscal en la instrucción de los procesos. Si a esto se le une la reforma de la Ley del Aborto, que el compromiso es que esté antes de final de año, y el nuevo Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio que se va a convertir en uno de los grandes instrumentos para conseguir la unidad de mercado. Todas éstas serán proyectos leyes que se presentarán antes de final de año.

–El hecho de que los fiscales se rigen por el principio de jerarquía y dependencia y al fiscal general siempre se le vincula con el Gobierno, ¿no puede afectar a la independencia a la hora de esas investigaciones?
–En modo alguno. Es cierto que se rigen por el principio de jerarquía, pero las relaciones del fiscal general del Estado con el Gobierno son regladas, siempre de carácter oficial y se refieren a la capacidad que tiene el Ejecutivo de solicitar la actuación del Ministerio Fiscal. Pero eso no compromete en absoluto la autonomía del Ministerio Fiscal que tiene de cara a la instrucción. Creo, además, que este Gobierno ha dado un ejemplo definitivo de cuál debe ser nuestra relación con el Ministerio Fiscal ,mediante el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, que ha hecho de su discurso la independencia del fiscal; y, en segundo lugar, nuestro propio comportamiento.

–¿Se va a revisar la Ley del Menor y, en su caso, se agravarán las penas para delitos graves?
–Sí se va a revisar. En el ámbito procesal, trabajamos en una reforma para evitar que aquellos delitos que han sido cometidos conjuntamente por mayores y menores tengan procedimientos distintos, que muchas veces llevan a la contradicción.

–¿La Abogacía del Estado recopila indicios para una posible ilegalización de Bildu?
–Todos y cada uno de los hechos que después de la sentencia del TC –la que legalizó Sortu–-puedan ser calificados como contrarios a la Ley de Partidos Políticos son estudiados por la Abogacía del Estado y, en su caso, trasladados a la Fiscalía si, además de una posible vulneración de la ley de partidos, supusieran en sí mismo la comisión de un delito.

–¿La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la «doctrina Parot» hace un flaco favor a la lucha contra el terrorismo?
–Lo primero es decir que discrepo radicalmente de esa sentencia, que no ha tenido en consideración las resoluciones del Tribunal Supremo y del TC. Le digo más, y es que desde mi punto de vista no ha considerado, cosa que sí hicieron tanto el Supremo y el TC, la legitimidad que en la lucha contra el terrorismo corresponde a un Estado democrático de Derecho como es el español, y por eso confío en que esa sentencia será modificada ante la Gran Sala.

–¿Tiene futuro la Audiencia Nacional si la banda ETA deja definitivamente su actividad terrorista?
–Rotundamente, sí. Me parece que es una institución absolutamente necesaria, moderna, porque es la que mejor se acomoda a la respuesta adecuada que las nuevas formas de criminalidad organizada tienen en el siglo XXI. La Audiencia, al margen de los delitos de terrorismo, es absolutamente necesaria para el Estado de Derecho y supone una respuesta eficaz y adecuada a las nuevas formas de criminalidad. En la nueva LOPJ se le atribuirán nuevas competencias.

–¿Apoyaría reformar la Ley Electoral?
–Tengo muy claro que las leyes electorales sólo se pueden modificar por consenso. Creo que sí hay muchas cosas que se podrían mejorar de la Ley Electoral, pero me parece que no forma parte del paquete político de un Gobierno, sino del paquete constitucional de una cámara y, por tanto, cualquier reforma de esa ley siempre tiene que ser de acuerdo con la oposición, porque si no, siempre está la sospecha de que se hace para beneficiar a uno o perjudicar a otro.

–¿Su Ministerio estudia reducir el número de aforados?
–Sí. Pensamos que hay que estudiar el sistema de aforamiento en España y someterlo a una revisión restrictiva del mismo. Además, hay que recordar que, a veces, el aforamiento puede resultar un perjuicio, como por ejemplo aquellos que son enjuiciados en el Tribunal Supremo, que no tienen derecho a la segunda instancia penal. Esto es algo que vamos a introducir.

–¿Cómo valora la decisión de la Audiencia de Palma de no citar como imputada a la Infanta Doña Cristina por el «caso Nóos»?
–Si los magistrados que conocen ese asunto han tomado esa decisión es porque era lo que procedía conforme a Derecho.

No se podrá abortar por malformación del feto
–Respecto a la Ley del Aborto, ¿su Ministerio sigue en la idea de volver a la que había antes de la vigente ley de plazos?
–Sí. El TC estableció una doctrina con relación a cómo debe regularse la protección del concebido y ha establecido que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, y que hay supuestos en los que, entrando en conflicto con otros conflictos, el legislador opte por uno u otro, no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es, literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos. Por tanto, la legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados.

–¿Cuáles son algunos de esos aspectos?
–Le anticipo uno. No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos.

Batería de reformas para este año. El titular de Justicia adelanta en esta entrevista que antes de final de año se presentarán los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta, la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en la que se atribuirá la instrucción de los procedimientos penales a los fiscales– y la nueva Ley del Aborto, con importantes modificaciones. Casi inmediatamente, se prevé presentar al Consejo de Ministros la reforma de Código Penal.

En primera persona
Fiscal de oposición y político de vocación. Tras estudiar Derecho, aprobó las oposiciones a la Carrera Fiscal, aunque la toga con puñetas no la llevó encima en muchas ocasiones. Decidió seguir el mismo camino que su padre, José María, uno de lo fundadores de Alianza Popular, y dedicarse a la política. Muy vinculado a Manuel Fraga, por quien sentía una auténtica admiración tanto en lo personal como en lo político, sufrió un duro golpe con su reciente fallecimiento. Desde el año 1983 se dedicó por entero a la vida política madrileña. Fue presidente de la Comunidad de Madrid ocho años y otros tantos alcalde de la capital. Muy aficionado a la Fórmula 1, se siente muy orgulloso de su colección de música clásica y siempre le acompaña un libro.