Los sindicatos pactarán bajar el despido de manera «transitoria»

MADRID- Los sindicatos, los empresarios y el Gobierno están de acuerdo en rebajar el coste del despido de manera «excepcional y transitoria» para los nuevos contratos de fomento del empleo que se realicen a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral. Las organizaciones sindicales asumen que el Fondo de Garantía Salarial corra con el coste del 40% de la indemnización por despido de los contratos de fomento del empleo de las empresas de más de 25 trabajadores, confirmaron a LA RAZÓN fuentes sindicales. En estos momentos, se pueden acoger a esta medida las compañías con menos de 25 empleados, según establece el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Además, el coste del despido para este tipo de contratos se reducirá de 33 a 20 días al reunificarse las causas del mismo. Por tanto, al final, el empresario deberá abonar tan sólo ocho de los 20 días de indemnización. La mesa tripartita del diálogo social abordará hoy esta cuestión. Según fuentes gubernamentales, «esta reunión será crucial, pero habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si hay o no acuerdo». Mientras, fuentes de los interlocutores sociales dan por hecho que la próxima semana habrá fumata blanca y se sellará el pacto de las nuevas reglas de juego que imperarán en el mercado de trabajo. No obstante, el Gobierno está dispuesto a imponer por decreto los cambios del mercado laboral, que demanda a España el FMI y la Unión Europea, si, al final, no hay consenso entre los agentes sociales. Mientras, los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF, recurrirán ante la Justicia el recorte salarial del 5% de media de las nóminas de los funcionarios que aprobará hoy el Gobierno. Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral. A su juicio, UGT ha comprobado con varios juristas que «hay razones sustanciosas» para recurrir esta medida que, además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se regula en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce, informa Efe. Precisamente, el Consejo de Ministros incluirá en el decreto ley que hoy aprobará la inhabilitación del acuerdo de la función pública, así como la modificación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para poder recortar los salarios de los funcionarios a partir de junio próximo. Los sindicatos han convocado para el próximo 8 del próximo mes una huelga en el sector público, a la que han convocado también a los empleados públicos vascos, unos 145.000 trabajadores. «Exigimos al Gobierno la retirada del plan de ajuste», advirtieron.