Comunidad de Madrid

El coste de la «juerga»

Uno de los motivos por los que el consistorio madrileño ha ampliado el abanico de multas para los aficionados al botellón se justifica en la gran cantidad de recursos que se ven obligados a invertir en reparar los destrozos que causan y en proteger a los vecinos de su falta de civismo

En las imágenes, la céntrica calle Aduana antes y después de que los equipos de limpieza hicieran su trabajo tras el botellón
En las imágenes, la céntrica calle Aduana antes y después de que los equipos de limpieza hicieran su trabajo tras el botellónlarazon

Así, el Área de Medio Ambiente cuenta con 34 brigadas, formadas por 75 personas, que se dedican a la limpieza de los restos del botellón y hay equipos mixtos de técnicos acústicos y policías municipales que gestionan rápidamente las denuncias por el ruido de los botelloneros cada fin de semana.

Los equipos de limpieza, que se crearon en 2009, trabajan desde las cuatro de la madrugada hasta las ocho de la mañana en las zonas favoritas por los que prefieren beber en la calle, principalmente en el distrito Centro, «y, aunque los servicios de limpieza trabajan mucho, el botellón cada vez dura hasta más tarde, lo que hace muy difícil poder recogerlo todo», explicó la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella.

Igualmente, en abril de 2008 se pusieron en marcha las patrullas conjuntas para luchar contra el ruido del ocio nocturno formadas por técnicos del Área de Medio Ambiente y policías municipales. Su objetivo no era otro que responder con más rapidez a las denuncias de los vecinos por los ruidos de las juergas del fin de semana, tanto en la calle como en los bares, y el éxito ha sido más que evidente.

Las patrullas acuden ante la denuncia de un vecino para realizar las mediciones necesarias, levantar el acta de inspección, e iniciar el lunes inmediato el expediente administrativo correspondiente del que podrían derivarse las sanciones o la imposición de medidas correctoras.

Desde que comenzó a funcionar esta iniciativa se han abierto 526 expedientes sancionadores, de los cuales 226 se refieren al ruido en domicilios particulares y 300 a actividades de ocio nocturno. Las multas que conllevan varían entre los 300 euros para las leves, un mínimo de 600 para las graves, y a partir de 12.000 euros las muy graves.

Asimismo, la buena acogida de las patrullas anti-ruido, que trabajan desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana de jueves a sábado, se ha reflejado en otros dos datos.

El primero que se ha extendido del distrito Centro, a los de Chamberi, Salamanca, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Latina y Ciudad Lineal. El segundo es que el número de expedientes ha descendido este último año. Según fuentes municipales, el motivo es que los locales sancionados se han apresurado a cumplir la normativa del ruido y ya no suponen una causa de molestias para los vecinos. De este modo, en lo que llevamos de año se han abierto un total de cien expedientes, de los cuales diez son a bares de copas, tres a discotecas, 30 a otros locales y 57 corresponden a viviendas.


Los padres serán los responsables
Con el coste de la limpieza del botellón en un lado de la balanza, el Ayuntamiento ha preparado también medidas para que los estragos que el botellón hace en las arcas municipales sean restaurados por sus responsables. Así, propondrán a la Comunidad de Madrid que el consistorio sea competente para gestionar directamente las multas. Ahora, las sanciones se envían al Gobierno regional ya que son incumplimientos de la ley autonómica de Drogodependencias. La burocracia retrasa tanto la tramitación, que el 90 por ciento de las multas no se llega a cobrar y la opción de cambiar el pago por un curso de concienciación se comunica hasta un año después de imponer la sanción. Si la gestión es municipal se ahorraría mucho tiempo en tramitar cada multa y aumentaría el número de sanciones cobradas. La otra medida que propone el Ayuntamiento es que, en el caso de que los infractores sean menores de edad, sus padres sean responsables subsidiarios y tengan que hacerse cargo del pago de las multas.