Griñán y sus consejeros denunciados ante el Supremo por prevaricación

SEVILLA- El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) presentó ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella criminal contra los integrantes del Consejo de Gobierno por un delito de prevaricación en la aprobación del plan de reordenación del sector público que dio origen al decreto-ley 5/2010.
«El mal nace como consecuencia de una decisión política», aseguró en declaraciones a LA RAZÓN José Manuel Mateo, presidente del Safja. ¿Y cuál es esa decisión? Según el texto de la querella, «colar por la puerta de atrás a todo el personal no funcionario».
Con esa premisa, entiende el sindicato querellante que el 4 de mayo de 2010 se apruebe un decreto que pretende integrar toda la información de recursos humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales al servicio de la Junta de Andalucía como paso previo a la aprobación del plan.
El 27 de julio, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la reordenación del sector público, cuyo punto «culmen» es la aprobación del decreto-ley 5/2010, el texto que ha provocado las protestas de los funcionarios andaluces.
Safja expone que ese plan pergeñado con «premeditación» incluyó la aprobación «cuasi instantánea, sin trámite parlamentario» en la Diputación Permanente –salió adelante un martes y se convalidó un jueves. Asegura en su escrito que los miembros de ese organismo fueron avisados «con escasas 24 horas».
El sindicato alega que el decreto provoca «agravios comparativos» a los funcionarios que accedieron a la función pública y a los ciudadanos que quieran hacerlo en un futuro, ya que «mermará considerablemente la oferta de empleo público»
El relato de los hechos también hace referencia a la posterior aprobación del decreto-ley 6/2010 que incluye los acuerdos adoptados con CC OO y UGT, como un intento de «maquillar» el primer decreto y una demostración de que se habían conculcado derechos contenidos en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Este último decreto –tramitado como Proyecto de Ley y que se convalidó el jueves en el Parlamento– es una prueba «palmaria de que los querellados eran conocedores de que vulneraban claramente la legislación vigente» cuando aprobaron el acuerdo en el Consejo de Gobierno.
Los querellantes reclaman a la Sala Penal del Supremo que tome declaración a todos los miembros del Consejo de Gobierno –tanto al presidente José Antonio Griñán como a sus consejeros–, a los representantes de la Diputación Permanente del Parlamento que el 29 de julio convalidó el decreto –sólo el PSOE votó a favor, mientras que PP e IU lo hicieron en contra–, así como piden las actas de esa sesión.
La presentación de esta querella criminal por un presunto delito de prevaricación se hace después de que el 16 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se declarara «incompetente para el conocimiento de las actuaciones» y acordara el archivo de las diligencias.