La igualdad un bien social por Paloma Durán y Lalaguna

Antes de que Clara Campoamor concluyera en 1936 la redacción de su libro «El voto femenino y yo (mi pecado mortal)», introdujo en el mismo un capítulo corto que tituló «Conclusión» y en el que, entre otras cosas, afirmaba que la mujer no votó ni por las derechas en 1933, ni por las izquierdas en 1936; votó, como el hombre, por reacciones políticas nacionales, y por iguales reacciones votará con el hombre, en un futuro.

Se ha escrito abundantemente sobre el debate acerca del voto para las mujeres en los años 30 en España; y se ha utilizado la posición política para argumentar a favor o en contra del apoyo a las mujeres.

Curiosamente, a pesar del tiempo transcurrido, aún permanece abierto el argumentario, olvidando que, en toda sociedad, la igualdad de todos los seres humanos es un valor y un objetivo a conseguir; se ha demostrado que es un bien, que hace mejor a una sociedad.

De manera que la igualdad entre mujeres y hombres, lejos de ser patrimonio de una posición ideológica, es un objetivo social que en nuestro caso está reconocido en el artículo 1,1 del texto constitucional vigente, calificándola como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

Pero el hecho de admitir la igualdad como un bien no es solamente una cuestión conceptual. Si la igualdad es un bien social, esto implica que la responsabilidad de lograrla también es de toda la sociedad y, por tanto, de las instituciones, de la sociedad civil y de todos los agentes directamente involucrados. En este sentido, se entiende la afirmación que se atribuía a Concepción Arenal: las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.

De modo que la igualdad no es un objetivo a lograr a través de ninguna batalla ni pretende especiales protagonismos. Se trata de un bien, cuya consecución pasa por involucrar a mujeres y a hombres, como está sucediendo en otras sociedades occidentales.

Paloma Durán y Lalaguna
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid