La oposición denuncia el «recorte» de ayudas para instalaciones deportivas

Valladolid- El deporte y la atención a la dependencia centraron la última sesión plenaria del año en las Cortes de Castilla y León. Ambas propuestas fueron presentadas por el PSOE y rechazadas por los ‘populares'.

Sobre el primer aspecto, los socialistas acusaron a la Junta de tener paralizado, desde el año 2003, el Plan de Instalaciones Deportivas, así como de axfisiar a los ayuntamientos y diputaciones, ya que ha reducido sus subvenciones un 150 por ciento.

Entre las catorce medidas, en las que se basa la propuesta del PSOE, el procurador Francisco Javier Muñoz defendió una «marca de esquí» con el objetivo de atraer a un mayor número de turistas.

El representante de la UPL, Alejandro Valderas, aseguró que la propuesta socialista «muy buena, por eso la vamos a apoyar», ya que consideró que el programa elaborado por la Junta «es ambiguo», y hay que «empezar a orientar la materia deportiva».

La iniciativa fue rechaza por el Parlamento autonómico, según el procurador Pedro Muñoz Fernández, por mostrar iniciativas que ya está impulsando el Gobierno regional, aunque «hay que darles tiempo». Asimismo, recordó al PSOE que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma que mejores resultados ha obtenido en los últimos años. Por este motivo, el representante popular destacaó que «ésta es la forma de actuar de la Junta, hacer más con menos, no como otras autonomías, como usted señala, Extremadura que está a la cola».

«Diez sobre diez»
La atención a la dependencia fue otro de los temas que volvió a separar a la oposición con el PP. El Grupo Popular rechazó una moción del PSOE que instaba a la Junta a mejorar la atención a las personas en sitaución de dependencia porque destacó que el Observatorio Nacional de Servicios Sociales ha dado a Castilla y León «la máxima nota, diez sobre diez, en la aplicación de la Ley de la Dependencia» y que con su partido «los servicios sociales están garantizados»

El procurador socialista Fernando Rodero pidió al Ejecutivo autonómico a tomar las medidas necesarioas para que los mayores de 64 años se equipare «a la media nacional».