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Huelga general política

La Razón
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La convocatoria de una huelga general para el próximo día 29, anunciada ayer por CC OO y UGT, comenzó con una falsedad: dijeron que «acababan» de decidirlo, pero el anuncio se hizo junto a los carteles ya impresos con la fecha, y con el permiso correspondiente solicitado hace días. Un paripé innecesario para enmascarar la maniobra política de unos sindicatos contra un Gobierno elegido democráticamente por mayoría absoluta hace tan sólo cien días. CC OO y UGT están en su derecho de recurrir a esta medida extrema, siempre que respeten la libertad de quienes decidan acudir a su puesto de trabajo y no recurran a la violencia de los piquetes «informativos» ni a la amenaza mafiosa. Pero llama la atención que un recurso considerado como el último cartucho se utilice cuando la reforma no ha hecho más que comenzar su tramitación en el Congreso, que es precisamente el momento de debatir las mejoras en el texto. No cabe duda, en todo caso, de que con la reforma de Rajoy se destruirá mucho menos empleo que si siguiera en vigor la normativa socialista. El objetivo de los sindicalistas, sin embargo, es otro y recuerda mucho a la «estrategia griega». El recurso a la huelga general, cuyo coste superará los 7.000 millones de euros, no es más que la pataleta política de unos sindicatos desprestigiados que, lejos de lograr mejora alguna para los trabajadores, causará gran daño y desprestigio a la imagen internacional de España. Es una evidencia de que los sindicatos han fracasado estrepitosamente: fueron primero perezosos ante la crisis y han sido incapaces de negociar la reforma con los empresarios. Incluso ante la pseudorreforma del PSOE reaccionaron con la tibieza que correspondía a la sintonía política con la izquierda y con un remedo de paro general. Pero la mayor vergüenza de CC OO y UGT ha sido mantenerse de brazos cruzados mientras los parados crecían a millones bajo el Gobierno del PSOE y reaccionar sólo cuando peligran sus privilegios y el PP está en el poder. Conviene recordar que las cuotas sindicales no son su principal ingreso ante la bajísima afiliación (poco más del 5% de los trabajadores), y que reciben cientos millones al año del dinero del contribuyente, de los cuales no tienen que presentar públicamente cuenta ni razón ante nadie. El oscurantismo domina unas finanzas que pagamos todos y que se administran sin luz ni taquígrafos. Por lo demás, conviene subrayar que la agitación social y callejera emprendida por los sindicalistas, la cual mañana tendrá otro ensayo a costa de despreciar a las víctimas del terrorismo, está concertada con los intereses del PSOE de Rubalcaba, que intenta como sea trasladar al Gobierno la responsabilidad del desastre económico que han dejado en España, y aprovechar la tensión para beneficiarse en las elecciones andaluzas.