Creo que ahora no toca por Eduardo Zaplana

No me parece adecuada la convocatoria de huelga general que acaban de anunciar los sindicatos mayoritarios. Vaya por delante que respeto profundamente el legítimo derecho a la discrepancia de las decisiones del Gobierno. Sólo faltaría. Pero, en este caso, no comparto ni el fondo ni la forma de discrepar ni, por supuesto, el momento elegido para hacerlo.

Empezaré por esto último. España, como todos sabemos, está atravesando una de las peores crisis económicas que jamás haya sufrido, que ha puesto y sigue poniendo en cuestión incluso la propia sostenibilidad de nuestro modelo de Estado. Una crisis cuya resolución depende en gran medida de la credibilidad de nuestra determinación por salir de ella y de la confianza que consigamos transmitir a los acreedores extranjeros que, ante las dificultades de financiación internas, son los que tendrán que financiar nuestra recuperación. Por tanto, la percepción de solvencia en tanto que nación es fundamental para poder superar las dificultades actuales. En este contexto crítico, una huelga general a un Gobierno que lleva apenas tres meses en el poder anticipa un clima de inestabilidad que puede generar serias dudas respecto a nuestra capacidad de salir adelante de forma equilibrada y sin sobresaltos.

En mi opinión, es momento de amplitud de miras y de cerrar filas, en tanto que españoles, asumiendo que la situación actual es crítica. Eso conlleva esfuerzos y renuncias por parte de todos y dejar trabajar a un Gobierno que, por el momento, ha demostrado la voluntad de cambiar la forma de hacer las cosas como única vía de cambiar, con ello, los resultados obtenidos.

Y con esta reflexión enlazo con las cuestiones de fondo y forma de la cuestión. Lejos de pretender buscar responsables a la situación actual, lo que sería tan evidente como inútil, lo cierto es que, en ningún caso, es posible achacar al actual Gobierno ni uno solo de los casi cinco millones y medio de parados que desgraciadamente tenemos en España. La reforma laboral que genera el descontento sindical es una reforma profunda que altera el modelo de relaciones laborales que los convocantes de la huelga defienden y siguen defendiendo como una conquista, pero que se ha mostrado a los ojos de todo el mundo como un modelo rígido y generador de un altísimo desempleo.

Dicho esto, lo cierto es que lo que nos debería preocupar de la reforma, y más en las circunstancias actuales, son sus resultados y no sus fundamentos. Se podría entender que tras un periodo suficiente, si la reforma no provoca los resultados deseados, los sindicatos se manifestaran en contra de la misma y ejercieran las medidas de presión que estimaran oportunas para provocar un nuevo cambio del status quo.

Sin embargo, hacerlo ahora, oponiéndose frontalmente a una reforma que ha sido aplaudida por organismos internacionales y por nuestros socios europeos y, sobre todo, con más de cinco millones de españoles en paro, hace difícil que muchos no creamos que se equivocan con su decisión.

Finalmente, e íntimamente relacionado con esto último, creo que la forma de legítima protesta elegida por los sindicatos es desproporcionada y corre el riesgo de devaluar el instrumento máximo de presión a su alcance. Nótese que en este artículo toda referencia a la Huelga ha sido escrita con letra mayúscula. La Huelga es un derecho consagrado por la Constitución, pero un derecho que, al menos en mi opinión, debería administrarse con algo más de cautela porque se corre el riesgo de que pierda el sentido último para el que fue diseñado. Así, el automatismo mostrado por parte de los sindicatos a las últimas reformas laborales, a las que han respondido con sendas Huelgas Generales genera serias dudas sobre la capacidad real de los sindicatos de jugar el papel fundamental conferido en nuestro modelo social como interlocutores válidos ante los gobiernos de turno. Quizás, sólo quizás, se esperaría algo más de los sindicatos.No quiero finalizar este artículo sin recalcar que la legitimad de los sindicatos para convocar esta Huelga es plena, si bien nadie debe olvidar que la legitimidad de un Gobierno, recientemente apoyado por once millones de españoles, para poner en marcha un proyecto de estabilidad y reformas que logre sacar a España de la situación crítica por la que atraviesa no es en absoluto menor y debería contar con un margen para poder contrastar sus resultados.