La eliminación de 300 liberados sindicales da oxígeno a la Junta

Valladolid- La Junta suprimirá el 30,7 por ciento de los liberados sindicales de la administración, lo que supondrá un ahorro de 13,6 millones de euros. Así lo acordaron ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y los sindicatos con representación en la Administración autonómica. De esta forma, se eliminan 292 puestos de este tipo, para adaptar el escenario a los tiempos de crisis.

Del Olmo destacó el «importante esfuerzo» que han realizado los sindicatos, que refrendaron «por unanimidad» el pacto, y recalcó «la buena disposición de todas las centrales» tras una larga negociación. «Habrá un plan de racionalización el día 29, pero poco a poco y gracias a medidas como ésta tenemos que ir cumpliendo con ese objetivo que nos está pidiendo Bruselas de reducir el gasto público», señaló. En este contexto, argumentó que «se va a pedir un esfuerzo solidario a toda la sociedad, y ésta es la contribución que hacen las centrales sindicales en la parte que les toca», explicó.

El nuevo pacto, que se desarrollará de forma progresiva durante los próximos dos años, a partir del 1 de marzo de 2012 -el 23 de febrero hay elecciones sindicales y la Junta prefiera aplicar las restricciones a partir de la estructura derivada de esos resultados-.

La única excepción a ese calendario de aplicación se realizará con el personal funcionario vigente, en cuyo caso el acuerdo entrará en vigor a partir del curso que viene. La restricción del número de liberados sindicales tendrá vigencia hasta finales de 2017, «salvo que hasta entonces la economía mejorara», según apuntó la consejera.

«Si en dos trimestres consecutivos se superara el 2,5 por ciento de crecimiento, este pacto sería revisable, porque entendemos que se podría decir que la crisis está superada», añadió, en declaraciones recogidas por Ical.

Tras el acuerdo sellado ayer, el número de liberados se rebaja de forma considerable y queda fijado en 658, algo que para Del Olmo, «no afectará a los ciudadanos». La consejera aseguró que el pacto sellado en 2006, y vigente hasta la fecha, era «un buen acuerdo».

Amplia representación
Según manifestó la responsable de las cuentas de la Junta, «en su momento se fijaron las demarcaciones electorales y la representación en todos los ámbitos de nuestro territorio, que es muy extenso y tiene muchos centros escolares y de salud diseminados. Eso permitía tener un número de personas dedicadas a defender los intereses de los trabajadores de la Administración pública, pero en este escenario era necesario reducir el número de personas y hemos pedido un esfuerzo importante a las centrales sindicales», concluyó Pilar del Olmo.