Estados Unidos

Y van dos por Nicolás Zambrana

La Razón
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¿Son seguras las inversiones españolas en Latinoamérica? Los países latinoamericanos tienen un sistema legal apreciablemente moderno, heredado de Francia y España, mayormente, con gran influencia de Estados Unidos en los últimos tiempos. Respetan, por tanto, el derecho de propiedad y, sin embargo, conforme al Derecho internacional, cualquier Estado puede privar de dicha propiedad a un extranjero cumpliendo ciertos requisitos.

Toda inversión allende los mares es una apuesta entre la perspectiva de enriquecerse y el riesgo de perderlo todo. A nadie escapa la mala fama que tienen algunas grandes empresas españolas en Latinoamérica, provocada por un servicio defectuoso que perjudicaba al ciudadano de a pie. Si esta mala fama es merecida o si el mal servicio es culpa de dichas empresas es algo que excede a este breve análisis pero que, no obstante, ha alimentado el populismo de los últimos años, azuzado por la decepción que ha supuesto el poco rédito obtenido con las políticas neoliberales propugnadas por el llamado Consenso de Washington, de comienzos de la década de los noventa, y que trajo como una de sus consecuencias la ola de privatizaciones de las que se beneficiaron algunas multinacionales de nuestro país.

Por todo ello, sí, las expropiaciones (o medidas equivalentes) en Latinoamérica pueden ser a partir de ahora más frecuentes, porque son populares de puertas adentro, apelan al patriotismo, y porque la perspectiva de quedar aislados en el plano internacional no asusta mucho a quienes, a sus propios ojos y envalentonados con el ejemplo de otros países de su entorno, llevan tiempo siendo ninguneados por organismos internacionales de carácter económico (Banco Mundial, FMI, etc.). Además, los gobernantes expropiadores deben saber que, aunque los expropiados no acepten las compensaciones que les ofrezcan –ya sean «justas» o «adecuadas», que no es lo mismo–, las fuertes indemnizaciones que decreten –probablemente– los tribunales internacionales dentro de cuatro o cinco años pueden no pagarse hasta dentro de otros cinco, o quizá nunca, a la vista de la historia de los arbitrajes contra Argentina motivados por la crisis de comienzos de siglo.

 

Nicolás Zambrana
Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Navarra