Cultura y política por José María Marco

Para intuir cuál va a ser la política de la Secretaría de Cultura del nuevo Gobierno, contamos con algunos elementos básicos. Dos de ellos son textos políticos: el programa electoral del PP y la Declaración de Cartagena, impulsada por José María Lassalle, el nuevo secretario de Estado del ramo. Ambos documentos insisten en dos cuestiones básicas. Por un lado, está la importancia de la cultura española: como hecho en sí, como factor de cohesión social y nacional, como elemento de globalización y apertura, y también como elemento básico de la economía de nuestro país. Por otro lado, está la necesidad de empezar a sacar la cultura del círculo de la política y devolverle la autonomía que debe ser la suya. Resulta sintomático –se puede añadir a modo de comentario– que en un país con una cultura tan fuertemente dependiente del Estado se dé también una tasa de piratería cultural tan alta. Probablemente los dos factores estén relacionados, y en este sentido viene bien recordar unas palabras del propio Mariano Rajoy, cuando dijo, hace algunos años, que política y cultura son términos no siempre fáciles de reconciliar y que para la cultura, el Estado es un mal necesario. Durante demasiado tiempo hemos echado en falta este sentido común. La nueva Secretaría de Estado, como antes el Ministerio de Cultura, es heredera de una fusión operada en los años setenta. Entonces, cuando se creó el Ministerio, se unieron una parte del antiguo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes –en particular, la dedicada a conservación del patrimonio– y, por otro, las tareas de propaganda (y censura) que habían dependido del Ministerio de Información y Turismo. Ha pasado mucho tiempo como para encontrar rastros de esta doble estructura en la actual Secretaría. Aun así, sería interesante comprobar qué cantidad de dinero se destina ahora a la propaganda y qué cantidad a la conservación del patrimonio cultural. Es probable que comprobáramos que en los últimos años esta última tarea ha pasado a un segundo plano.

Un amigo mío suele decir, con razón, que España es el único país democrático con un cine de Estado, directamente político, dependiente de la Administración y encargado de transmitir la ideología del grupo gobernante. Lo mismo ocurre con el teatro, con resultados aún más graves, por no decir escandalosos. En nuestro país, con todo el dinero que se ha gastado en este campo, un estudiante puede pasarse toda su vida escolar sin haber podido asistir a una sola representación de «La vida es sueño» o del «Caballero de Olmedo». Y otro tanto ocurre con la danza tradicional y con la zarzuela, género español por excelencia, que cuenta con un teatro nacional cada vez más reservado a una minoría indiferente al género que debería preservar, cultivar y difundir. Sin duda, ha llegado el momento de liberar la cultura española de la propaganda política y devolverle el rango social y económico que le corresponde.