Educación premia a los sindicatos con 300 liberados que no dan clases

Para muchos es una forma de asegurarse la «docilidad» de los sindicatos; para otros, se trata simplemente de facilitarles su trabajo. En Andalucía, según datos facilitados por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), existen sólo en la enseñanza no universitaria un mínimo de 300 liberados sindicales totales merced a la «generosidad» de la Junta.

En las últimas elecciones sindicales celebradas el 30 de noviembre de 2006 se eligieron 326 delegados. La representación obtenida por los sindicatos concurrentes fue la siguiente: Sadi (42), Anpe (48), APIA (26), CC OO (74), CGT (12), Csi-Csif (46), Fete-Ugt (42), Siep (4) y Ustea (32).

A todas estas organizaciones, la dirección general de gestión de recursos humanos de la Consejería de Educación les ofreció un convenio por el que «la organización sindical firmante tendrá derecho a permisos sindicales a tiempo completo –«liberados totales»–, como resultado de la acumulación de horas de los delegados de la junta de personal y de los miembros de las secciones sindicales obtenidos en las pasadas elecciones sindicales, en función de sus correspondientes resultados electorales en cada provincia». APIA no lo ha suscrito.

A cambio, la organización sindical firmante no utiliza el crédito mensual de horas que les corresponde por ley. Cambia 40 horas mensuales por no dar clases en todo el año. Antes del 30 de junio de cada año, cada uno de los firmantes comunica a la Consejería de Educación los nombres de las personas «que tendrán dispensa de asistencia al trabajo como liberados sindicales». No se podrá renunciar a la condición de liberado en todo el curso escolar, salvo causa de «fuerza mayor». Sí se podrá sustituir por otro miembro del sindicato en caso de embarazo, permiso de paternidad o adopción.

Al margen de este convenio de carácter general, existen otros específicos. Desde APIA aseguran que por la participación en la comisión de salud y prevención de riesgos laborales hay sindicatos que han obtenido seis nuevos liberados totales.

Lo que no es habitual es que si no se acepta ese pacto, el sindicato que lo rechaza sufra «discriminación» por parte de la Administración. Eso es lo que denuncia la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), teoría avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da la razón a la asociación y que la Junta ha recurrido al Supremo. Fuentes de APIA confían en que el fallo definitivo se produzca en breve y condene a la administración autonómica por vulneración de los derechos fundamentales.

El debate sobre los liberados sindicales se ha abierto recientemente por la decisión de comunidades como Madrid y Valencia de reducir su número para ahorrar gastos. Otras regiones como Galicia lo están estudiando.

En Madrid, el Gobierno regional quiere pasar de 190 a 70 liberados en la enseñanza pública preuniversitaria. CC OO ya ha interpuesto un recurso por «vulneración de los derechos sindicales», el mismo argumento esgrimido por APIA en Andalucía.

En el caso de Valencia, la conselleria de Educación ha suprimido para el presente curso 54 puestos de liberado sindical que supondrán un ahorro para las arcas públicas de 2,6 millones de euros anuales. El número de liberados ha pasado de 250 liberados a 196.


Recursos infrautilizados
El liberado sindical, por definición, trabaja en las funciones encargadas por el sindicato que representa. Algunos consideran que el hecho de estar alejados de las aulas durante varios años ocasiona que para muchos su posterior reciclaje sea muy complicado, al tiempo que están ajenos de la realidad de los centros docentes. Otros creen que las labores dentro del sindicato se centran en labores administrativas muy por debajo de su cualificación profesional, lo que supone un derroche de formación.