Sevilla
Las ayudas para ordenadores de Viera en el punto de mira
El líder del PP-A, Javier Arenas, apuntó el pasado jueves en su interpelación al presidente de la Junta en el Parlamento que el próximo escándalo que se sumaría a la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares vendría por las ayudas concedidas a los autónomos, a las pymes y a las familas.
En este sentido, existe una polémica orden de 31 de julio de 2003 de la Consejería de Empleo por la que se convocan las ayudas «para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas andaluzas» que podría estar detrás de estas declaraciones.
Esta orden la firmó el ex consejero de Empleo José Antonio Viera,en este cargo hasta 2004, y de nuevo reproduce la fórmula llevada a cabo para el pago de las prejubilaciones y de las ayudas a empresas en crisis. Según consta en dicha orden, que aparece publicada en el BOJA del 19 de agosto de 2003, no es la Consejería de Empleo la que se encarga directamente de gestionar las subvenciones, sino que se vehiculan a través de un ente de la «administración paralela», el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que un año más tarde pasó a denominarse IDEA. La disposición adicional segunda, referente a la transferencia de fondos, lo deja claro: «Por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se transferirán al Instituto de Fomento de Andalucía los fondos correspondientes para dar cobertura al presente programa». En ese momento, el también ex consejero Antonio Fernández estaba en la dirección del IFA. La juez ha imputado recientemente a Fernández por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias y fue el que firmó, junto a Viera, el convenio de julio de 2001 que propició el denominado «fondo de reptiles» por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Las ayudas se enmarcaron dentro del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía (Pladit) y los beneficiarios podían ser «las personas privadas, físicas o jurídicas, titulares de empresas y trabajadores autónomos que estén radicados y desarrollen una actividad económica en Andalucía». La inversión –la mínima subvencionable era de 1.500 euros– podía ir dirigida a la adquisición de equipos informáticos o de otros elementos periféricos como impresoras, scanner o equipos multifunción.
Hay partes del procedimiento de concesión de las ayudas llamativas, ya que se efectuaron «mediante el régimen de concurrencia no competitiva». En todo caso, es al IFA al que le correspondía «examinar las solicitudes y documentación presentados», así como la posterior «justificación de la ayuda para la adquisición del equipo informático». Los beneficiarios tenían que acreditar precisamente ante el IFA la aplicación efectiva de la ayuda recibida en la forma y en el plazo establecido.
Estas ayudas están en el punto de mira. De hecho, según ha podido saber este periódico, la Intervención General, dependiente de la Consejería de Hacienda –de la que fue titular el ahora presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entre 2004 y 2009– podría haber alertado, a través de un informe, de irregularidades en el proceso de gestión elegido, igual que ha ocurrido con los ERE.
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