Indecente acoso a Camps

Con motivo del tercer aniversario de su victoria electoral, el PP de la Comunidad Valenciana celebró ayer un acto multitudinario estrictamente regional y cerró filas en torno a su líder, Francisco Camps, que se enfrenta a un feroz acoso judicial dirigido por el Gobierno socialista a través de la Fiscalía General del Estado y con el concurso de su coro mediático. No va desencaminado el presidente valenciano cuando denuncia que la persecución a la que está sometido arranca de su enfrentamiento político con los socialistas y de no haberse doblegado a sus presiones. Lo que no han logrado en las urnas, de manera limpia y democrática, los dirigentes del PSOE pretenden obtenerlo en los tribunales mediante la utilización del Ministerio Fiscal y el servicio incondicional de un juez, Baltasar Garzón, que ha llevado a cabo una instrucción tan abusiva e irregular que ha sido inmputado ante el Tribunal Supremo por prevaricación al ordenar escuchas ilegales y contrarias al derecho de defensa.

La subordinación de este juez instructor a los intereses de la izquierda ha quedado palmariamente demostrada durantes estas últimas semanas, en las que miembros del Gobierno y numerosos dirigentes del PSOE se han movilizado en su apoyo y contra el Tribunal Supremo, al que se ha tachado de «fascista» y «franquista». Con estos mimbres, con una Fiscalía que obedece órdenes directas de La Moncloa, y con un juez suspendido en sus funciones e imputado en tres causas (caso inédito en la Judicatura española), el Gobierno socialista ha urdido una campaña de derribo y destrucción de Francisco Camps, en la que no ha faltado la compañía de ciertos compañeros de viaje de la derecha, más preocupados por sacar ventaja partidista que por defender la inocencia del acusado. Porque lo único cierto que hay en todo este asunto es que Camps no está imputado por delito alguno.

Más aún, en el peor de los supuestos, es decir, en el caso de que el Tribunal Superior de Valencia apreciara el llamado cohecho impropio, figura penal muy nebulosa y de perfiles poco nítidos, aun en esa hipótesis, Camps sólo tendría que responder a una multa de 3.000 euros y no sería inhabilitado para cargo público. ¿A qué viene, entonces, ese furor de inquisidores que pretende ir más allá que la Justicia, que exige la dimisión de una víctima que ni siquiera está imputada? No obedece, desde luego, a un deseo de limpiar la vida política de corruptelas, como se proclama a voz en grito, sino a unos objetivos partidistas muy claros: eliminar de la competición a un dirigente que, hoy por hoy, resulta imbatible en las urnas. Como es natural, son los tribunales, y nadie más, los que tienen que enjuiciar la conducta del presidente valenciano. Pero mientras no haya sentencia en firme, goza de la presunción de inocencia, derecho que está siendo brutalmente pisoteado, violando incluso elementales normas de ética profesional (que le ha costado una condena judicial al periódico que lleva la voz cantante). Resulta muy ilustrativo que los mismos que defendían la pretensión de Garzón de trabajar en La Haya, pese a estar imputado y suspendido, le nieguen a Camps su derecho a seguir en el cargo sin estar siquiera imputado.