Los autónomos tendrán que pagar 4 años de tasas de residuos a plazos

Los autónomos de Barcelona que trabajan desde sus casas respiraron ayer un poquito más aliviados. No lo suficiente, pero es un primer paso. No en vano, el Ayuntamiento había decidido reclamarles el dinero correspondiente por la recogida de residuos comerciales de los últimos cuatro años. Así, de golpe, en plena cuesta de enero y con la crisis como telón de fondo. Saltaron las alarmas y el Ayuntamiento aprobó ayer, en el pleno municipal, una propuesta de CiU para fraccionar los pagos.

De todos modos, los autónomos van a tener que hacerse cargo de la ineficiente gestión del Ayuntamiento. El Consistorio decidió actualizar, después de seis años sin hacerlo, el censo de actividades comerciales. Así descubrieron a los 80.000 profesionales que no habían pagado esta tasa. Raudos, procedieron a notificarles que abonasen el precio público de recogida de residuos comerciales correspondiente al 2007 y siguientes. Y les requirieron «sólo» los últimos cuatro años porque la Ley tributaria no permite ir más allá.

Las modificaciones del «residuazo», tal y como lo bautizó el presidente municipal del PP, Alberto Fernández, a la sazón, el único partido que no votó a favor de la propuesta, consistirán en agilizar al máximo la tramitación de los fraccionamientos en el pago de las cantidades reclamadas. También estudiará la revisión del precio público de recogida de residuos para que no tengan que pagarlo los profesionales considerados productores mínimos que desarrollen su actividad en su domicilio, sin personal dependiente y generen residuos que por contenido y volumen sea asimilable a los de origen doméstico.

Por todo ello, Fernández señaló que «hay que revocar la reclamación del pago, ya que no se puede trasladar a los contribuyentes la falta de diligencia municipal». Además, también pidió que se exima del pago «a las actividades económicas desarrolladas en locales de menos de 60m2 y a todas aquellas desarrolladas en un domicilio particular».
El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, señaló que lo ocurrido pone en evidencia «una pésima gestión» que ha obligado al ayuntamiento a reclamar el pago «antes de que prescribieran», de golpe, en vez de haberlo hecho cada año como hubiera sido lógico.