Los taxistas pedirán indemnizaciones ante el fiasco del área del Aljarafe

Sevilla- El 4 de octubre de 2006 se publicó en el BOJA la orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se autorizó el establecimiento del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxis del Aljarafe. El proyecto –pionero en Andalucía– surgió para dar servicio a los ciudadanos de la corona metropolitana, unas 350.000 personas, y mejorar el transporte público en el Aljarafe. La iniciativa arrancó con fuerza, pero la irrupción de la crisis y la competencia del metro y el cercanías han hecho, al poco tiempo, apenas un lustro después, que el Área de Prestación Conjunta se tambalee.

Tomares, con apenas cuatro licencias y 23.000 habitantes; Mairena del Aljarafe (algo más de 20 taxis para 40.000 habitantes) y Bormujos (cuatro licencias, 20.000 habitantes) son los municipios –auspiciados por sus ayuntamientos, o viceversa, tanto monta, monta tanto; todos, ahora, de signo popular– que han enarbolado la bandera del restablecimiento de los reinos de taifas en lo que a la movilidad se refiere. La semana pasada el presidente de la Mancomunidad, Rafael Recio, se reunió con los afectados para tratar de llegar a una solución satisfactoria para todas las partes. Marzo es el plazo fijado para solucionar el conflicto.

La negociación entre la Mancomunidad y el gremio puede ser la última opción para restablecer el servicio conjunto. La otra opción es la disolución, ante lo que numerosos taxistas que estos años han adquirido una licencia con el fin de dar servicio en la comarca plantean exigir indemnizaciones ante la imposición de trabajar sólo en un municipio determinado. «La solución pasa por conseguir que haya una unidad real en el taxi del Aljarafe o que cada pueblo preste su servicio de manera individual como antes», remarcó, recientemente, Rafael Recio.

Según pudo saber LA RAZÓN de Sevilla, la Mancomunidad, en propuesta aprobada por las alcaldías del PSOE, propone un proyecto de dos coronas con 11 ó 12 pueblos –los más próximos a la capital: San Juan, Camas, Mairena del Aljarafe, Tomares, Bormujos, Gelves, Castilleja de Guzmán, Gines, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río y Valencina– y una segunda corona –unos 20 pueblos más alejados–, con horarios de preferencia por licencias de cada pueblo. Así, se trata de resolver la «invasión» de taxis de la segunda corona –pueblos pequeños– a la primera; principalmente en zonas como el hospital San Juan de Dios de Bormujos, el Casino Aljarafe de Tomares o las estaciones de metro.
 
Los taxistas de los territorios más cercanos a Sevilla, informaron fuentes del sector, solicitan que el horario de las dos coronas –de la SE-30 hacia el Norte y hacia el Sur– sea de 5:00 a 17:00 horas. Es decir, cada taxi estaría en su corona y, a partir de las 17:00, con libertad de movimiento geográfico dentro del Aljarafe. Los fines de semana sería un área conjunta total las 24 horas. Además, piden que la Mancomunidad asuma los gastos (sueldo de los empleados de la emisora, luz y agua) de Radio Taxi Aljarafe y, como contraprestación, proponen que los 75 euros mensuales que ahora paga cada taxista por la emisora vayan destinados a un préstamo para el rescate de unas 20 licencias.

Figura sancionadora
Asimismo, plantean la creación de una figura sancionadora que controle que el servicio se ejecuta del modo acordado. El presidente de la Unión del Taxi del Aljarafe, Joaquín Miranda, explicó a LA RAZÓN de Sevilla que el sector necesita una «reconversión» en la zona y defiende el servicio conjunto por la calidad del mismo.

La Mancomunidad se ha comprometido a presentar estas propuestas a los ayuntamientos de Bormujos, Tomares y Mairena del Aljarafe. El plazo marcado por Recio es hasta marzo. Los pueblos que defienden el área conjunta decidieron en asamblea que, se vayan o no los «disidentes», seguirán adelante con el área conjunta.

Los afectados señalan que, cuando compraron las licencias, nadie habló de que el área se pudiera partir, sino, todo lo contrario, ampliar. Los taxistas hicieron desembolsos importantes –entre 40.000 y 70.000 euros– y, aparte, en sus licencias no se habla de servicio a un determinado municipio, por lo que plantean el pago de indemnizaciones por parte de la Mancomunidad y la Junta.