La Generalitat aumenta las ayudas a las entidades que combaten la pobreza

Barcelona- Un día después de que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social informara de que Cataluña fue, en 2010, la comunidad autónoma, tras Valencia y Murcia, donde más creció el número de pobres, la Generalitat anunció ayer su «prioridad absoluta» en la lucha contra la pobreza. Con un total de 427 millones, el Govern aumentará algunas de las partidas de este año a combatir la exclusión social que está originando el desempleo y la crisis.

Tras recordar que uno de cada cinco catalanes vive bajo el umbral de la exclusión social, tasa que aumenta a uno de cada cuatro en el caso de las mujeres y los jóvenes, el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleríes, anunció que su departamento dedicará 152 millones de euros, un 3,5 por ciento más que el año anterior. Entre ellos aumentará de uno a cinco los millones de la convocatoria para las entidades que se dedican a la prestación de las ayudas más básicas para las familias pobres.

El conseller, que aplaudió el trabajo que están haciendo «las entidades de trinchera» que están en primera línea atendiendo las necesidades de los más necesitados, informó que el departamento de Educación dedicará este año 33 millones a ayudas de comedor, de transporte y planes educativos de entorno. Por su parte, la conselleria de Empresa y Empleo tiene previsto pagar 130 millones en la Renta Mínima de Inserción y programas de inclusión laboral, mientras que el departamento de Territorio y Sostenibilidad dedicará 55 millones a programas sociales de ayuda al alquiler, prestaciones de urgencia por desahucios y apoyo a entidades que disponen de pisos de residencia social.

Por su parte, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, advirtió de que los recursos anunciados «esconden menos ayudas al alquiler de vivienda y un recorte en las prestaciones de la Renta Mínima de Inserción (RMI)». Guiteras señaló que hace dos años unas 30.000 la familias se beneficiaron de las ayudas al alquiler de la vivienda, cifra que se redujo a 21.000 el año pasado porque no se abrió ninguna nueva convocatoria.