La Junta se protege y no da a la juez las actas del Consejo de Gobierno

SEVILLA- La «transparencia» que pregona la Junta de Andalucía en el caso de los ERE irregulares tiene límites. Hasta ahora, el más conocido era su negativa a una comisión de investigación en el Parlamento. Desde ayer, suma otro: no entregará al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 como exige la juez.
El Ejecutivo andaluz acordó en su reunión semanal remitir un requerimiento de incompetencia a la juez Mercedes Alaya por el que rechaza su petición argumentando que vulnera la Ley 6/2006 de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen carácter secreto y que el levantamiento de reserva es una potestad propia.
La Junta le ofrece una alternativa: enviarle una certificación de acuerdos o informes concretos tratados en el Consejo de Gobierno sobre los asuntos que la juez considere relevantes.
Si la juez persiste en su solicitud, el Ejecutivo de José Antonio Griñán avisa de que interpondrá un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, sala que reside en el Tribunal Supremo. Y advierte: «Tenemos argumentos jurídicos de primer nivel para que nos dé la razón».
Según la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, la solicitud de la instructora es «inédita, no discrimina y no está motivada». Pese a ello, la estrategia política del Gobierno es no criticar a la Justicia, porque esa la forma de «distanciarse» del PP y presentarse ante la opinión pública con una actitud de colaboración. «No entendemos que la juez esté haciendo una causa general contra la Junta», concilió Moreno.
También se comprometió a entregar cualquier informe de carácter político tratado en el Consejo de Gobierno que Alaya reclame.
La lectura del auto de 21 de marzo apunta que la juez intuía que se trataba de información sensible. De hecho, requiere las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, «documentación que una vez examinada será incorporada la que sea relevante para la investigación, devolviéndose el resto dado el carácter de la misma». Exige todas las actas para que sea su juzgado el que seleccione la información que pueda ser importante. La clave se encuentra en el primer razonamiento jurídico, que es donde señaló «cierta falta de colaboración por parte de la Junta para dar cumplimiento al mandato de este juzgado».
Informes de Intervención
La juez quiere saber si el Consejo de Gobierno conoció los reparos de la Intervención a la gestión de los fondos de los ERE, «prescindiendo del procedimiento administrativo establecido». El decreto 1/1999 sobre régimen de control de las empresas públicas –los ERE se pagaban a través de un ente autónomo– exige que llegue a este organismo si existe «menoscabo de los fondos públicos» o si los responsables de la gestión no atienden las recomendaciones del órgano fiscalizador. Previamente, la Intervención tendría que emitir un informe de actuación. La Junta mantiene que no lo hubo. Sí evacuó hasta siete de carácter ordinario enviados a Griñán como consejero de Economía, aunque su viceconsejera dice que no se los trasladó. Aún así, para el Gobierno andaluz, el número es lo de menos: «Lo relevante no es que haya 1, 2 o 7, sino que ninguno detectó fraude».