Astilleros lanza un ultimátum a la Junta para que ofrezca «soluciones reales»

La Junta de Andalucía tiene en la mano una de las «patatas calientes» del empleo en la ciudad, y de momento, no se han encontrado soluciones. El pasado mes de julio, los trabajadores de la factoría, junto con los de Flex y los prejubilados por ERE a los que la Administración regional les debe dinero, protagonizaron un asalto al edificio Torretriana y llegaron a las puertas del despacho de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. No estaba dentro, pero los manifestantes advirtieron de que aquel abordaje «se iba a quedar en pañales» ante las futuras movilizaciones.

Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación del Metal de CC OO de Sevilla, se mostró ayer dubitativo sobre el futuro de Astilleros después de que no se hayan cumplido las promesas de la Junta, que se comprometió a comienzos de enero a buscar la financiación a la empresa y así mejorar las expectativas de sostenimiento de los empleos. «Desde el pasado 30 abril, cuando acabamos un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), esperamos que comience la actividad, pero de momento no sabemos nada de cuándo arrancarán los trabajos en los tres barcos que tenemos por acabar», comenta el responsable sindical, ya que la principal actividad realizada durante estos meses ha sido poner a punto las instalaciones. El tiempo corre en su contra, pues Astilleros de Sevilla se encuentra inmersa en un proceso concursal «en el que tener carga de trabajo es muy positivo para que venga un comprador», cuenta el representante de los trabajadores, que destaca que si reanudan las labores se activarán 1.200 empleos de manera directa e indirecta durante al menos dos años. Entiende que se necesitan «soluciones reales» y un mayor compromiso de la Junta, que hasta ahora «no ha dado muestras de querer solucionar el conflicto».

El mes de septiembre va a ser clave para su futuro, ya que será el momento en el que se reúnan con el consejero de Empleo, Manuel Recio, a quien demandarán una salida similar a la que se logró con la factoría onubense, pues la empresa gallega Cotnsa se hizo cargo de ella. En los últimos años, mostraron su interés en la sevillana Astilleros Canarios S.A. (Astican) y Metalship & Docks, lo que solucionaría la realidad de los 105 empleados afectados actualmente, que se reparten entre los 83 de astilleros, 13 de la empresa de limpieza Clequali y otros nueve de Spie, que se encargan de labores de mantenimiento industrial. Sin embargo, el modelo onubense tampoco es perfecto, ya que hay pendiente de una recolocación 53 trabajadores, que precisamente ayer manifestaron su malestar porque han contratado a cuatro personas ajenas a este colectivo en la factoría. El caso de la sede de Navantia en Puerto Real (Cádiz) sería el objetivo deseado, pues en los últimos años han salidos varios Buques de Acción Marítima (BAM) para Venezuela, que es el principal comprador de este tipo de embarcaciones. Además, hay que añadir el anuncio del último Consejo de Ministros, que aprobó la construcción de una segunda serie de estos barcos para la Armada española.

No debe haber muchos problemas para buscar comprador para los tres que esperan en el dique seco. Se trata de un ferry y de dos buques «off-shore», que demuestran la competitividad de unos talleres que esperan «un último empujón para sacarnos de esta crisis que dura años», recuerda.


Proyectos cancelados
Los retrasos en la solución del conflicto han provocado la cancelación de contratos. Por un lado, el armador chipriota Desedo Shipping Limited rompió el acuerdo para la fabricación de un buque y le exige a la empresa 25 millones de euros. Se le suma la de la naviera Viking Lines, que también canceló el contrato de un ferry y pide 42,6 millones.