Pedraz cita como imputada a la alcaldesa de Alsasua el 25 de enero por el «desfile real»

MADRID- El juez Santiago Pedraz citará el próximo 25 de enero a la regidora y a Ramón López Cid, quien solicitó al Ayuntamiento el permiso para celebrar la polémica representación. Así se lo solicitó la Fiscalía el pasado día 12 en un escrito remitido por el fiscal Jesús Alonso después de analizar los informes policiales.
Urrestarazu se convertirá así en el segundo alcalde de Bildu en comparecer en la Audiencia. El primero fue el regidor de Leiza (Navarra), Oier Eizmendi, que lo hizo el pasado septiembre en relación con la exhibición de fotos de presos etarras realizada durante el chupinazo de las fiestas patronales. Eizmendi estuvo imputado por enaltecimiento del terrorismo pero el juez Pablo Ruz terminó archivando la causa al concluir que cuando se elaboró el programa de fiestas todavía no había llegado a la alcaldía.
En cuanto a Urrestarazu, el magistrado deberá discernir si la alcaldesa tuvo responsabilidad en la farsa de desfile, en el que se ridiculizó a las Fuerzas de Seguridad y se reclamó su salida del municipio. La comitiva concluyó su recorrido en la plaza del ayuntamiento. Desde el balcón municipal, una persona disfrazada de Rey se dirigió al centenar de asistentes flanqueado por dos abanderados con símbolos nazis y preconstitucionales. Además, la alcaldesa de Bildu tendrá que explicar su supuesto enfrentamiento con los agentes que acudieron a retirar una pancarta que exigía la salida de las Fuerzas de Seguridad de la localidad. Según un informe de la Guardia Civil, Urrestarazu se encaró con ellos y les insultó tachándoles de «hijos de puta».
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el sindicato Manos Limpias denunciaron los hechos en la Audiencia, que calificaron como un delito contra la Corona del que la alcaldesa habría sido cooperadora necesaria. Las dos acusaciones populares pidieron al juez Pedraz que citase a la regidora como imputada, una solicitud a la que se sumó la propia Fiscalía.
El artículo 490 del Código Penal castiga con una multa de seis a 24 meses a quien utilice la imagen del Rey «de cualquier manera que pueda dañar el prestigio de la Corona». En el caso de que la injuria se considere grave, la pena incluso puede ser de cárcel (de seis meses a dos años).