El acuerdo del ERE del ex consejero se firmó cinco días antes del despido

¿Dos errores administrativos o una intención deliberada de falsear la vida laboral del exconsejero de Empleo? El protocolo de colaboración suscrito el 16 de abril de 2008 entre la Junta de Andalucía y la Asociación de Antiguos Trabajadores de González Byass por el que la Administración se comprometía a financiar las prejubilaciones también recoge que la fecha de antigüedad de Antonio Fernández en la bodega jerezana coincide con la de su nacimiento: 15 de julio de 1956.

Antonio Fernández fue consejero entre 2004  y 2010
Antonio Fernández fue consejero entre 2004 y 2010

El convenio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recoge los 94 números de NIF de los trabajadores afectados y, una vez más, sólo la fecha de antigüedad que le corresponde al exresponsable de Empleo es errónea.

Es el segundo documento oficial que incluye esa anomalía. El primero, tal y como publicó ayer este periódico, era la solicitud de la empresa en la Delegación Provincial de Cádiz para extinguir 94 contratos de trabajo de la compañía por causas organizativas y productivas. En el mismo, figuraba que el exconsejero de Empleo fue contratado el mismo día que nació, cuando debía aparecer 1971, año en el que ingresa como botones.

No es la única irregularidad detectada en la tramitación del expediente. El mencionado protocolo se firmó el 16 de abril, mientras que la solicitud de la bodega ante la Delegación provincial de Cádiz está fechada el día 23 y en ella se hace referencia a que presentó el ERE dos días antes, el 21.

El acuerdo entre los trabajadores y la Consejería de Empleo fue anterior a la demanda de González Byass, que cinco días antes de presentar el ERE ya sabía que iba a ser financiado por la Junta de Andalucía. En concreto, la Administración se compromete a abonar 17.459.092 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado «fondo de reptiles» que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Por parte del Gobierno andaluz, el protocolo lo firmó el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, al que la Junta señala como único y máximo responsable de la gestión de esos fondos.