El PSOE propone suprimir las pensiones y pagar dos meses de paro por año

Proliferan como las setas los portavoces que día tras día proponen la supresión del cuestionado sistema. Ayer le tocó el turno al socialista José Antonio Alonso, que hizo pública la propuesta que su grupo ha remitido ya a José Bono para su estudio. Además, como decimos, de la supresión de los complementos para percibir la pensión máxima de jubilación, los socialistas piden también restringir el régimen de compatibilidades de los diputados para primar su dedicación absoluta a la actividad parlamentaria, que se dé publicidad a su patrimonio y que se revisen las indemnizaciones por cesantía a las que tienen derecho cuando dejan el escaño de manera que sólo puedan recibirlas si se quedan en el paro.

El portavoz del PSOE hizo su propuesta con una previa reivindicación de la «nobleza» de la actividad política y un firme rechazo de todo intento de demonización de la vida pública. Y por eso ahora confesó ser partidario de que se obligue a los diputados a dar a conocer su patrimonio, una medida que el PSOE rechazó como el PP cuando la izquierda la sometió a votación en pleno. Hoy exigen que se hagan públicas las rentas y todos los ingresos que obtengan los parlamentarios del sector privado, así como su participación en sociedades mercantiles o en personas jurídicas de toda su unidad familiar. No hay ni están previstos mecanismos para confirmar la autenticidad de los datos ni tampoco para hacer seguimiento de los mismos desde que sean declarados hasta que el diputado cause baja. Pero eso da lo mismo. Se trata de ganar la carrera de la transparencia ante la opinión pública. Alonso sugiere además cambios en las indemnizaciones por cese con la disolución de las Cámaras a la que tiene hoy derecho todos los diputados y senadores que no repiten mandato. El PSOE propone que quienes hayan estado al menos dos años en su escaño, pueden solicitar una indemnización por cese que se pague mensualmente. La cuantía, a modo de prestación por desempleo, sería de un mes por cada año de mandato parlamentario y no podría cobrarse durante más de dos años. Esta prestación sólo la percibirían quienes no no puedan reinsertarse en la vida laboral. Por cierto, el PSOE no se ha planteado suprimir el fondo privado de pensiones que las Cortes pagan a sus señorías.