Argentina: ese pobre gobierno acosado por Alfredo Semprún

El Gobierno argentino, como el de Chávez, no es muy partidario de llevar al día las estadísticas criminales. Pero no hace falta. El gran Buenos Aires sufre una plaga de robos y asaltos, algunos de los cuales terminan con el asesinato de la víctima. Ya se sabe: te esperan a la puerta de casa o te interceptan en un semáforo. Si te resistes, te pegan un tiro. La población, por supuesto, está asustada y se queja. Hay barrrios, como Barracas, donde domicilios y comercios han sufrido hasta cuatro robos en menos de un año, y en la exclusiva Recoleta, la asociación de vecinos maneja unas cifras de asaltos domicilarios de escándalo, que, sin embargo, son muy inferiores a las que dispone la propia Policía. Así las cosas, ni siquiera el Gobierno de Fernández se atreve a ocultar que el problema es grave. Pero como imaginación no le falta al kirchnerismo, han nombrado a un fiscal especial, Luis Comparatore, para que investigue la posible existencia de una conspiración contra el Gobierno basada en crear inseguridad ciudadana. El diario «La Nación», que con «Clarín», lidera la crítica al Gobierno, se hace eco del asunto y cita las «líneas de investigación» propuestas. Son, a saber, el «sector político», es decir, la malvada oposición que ya no sabe qué hacer para fastidiar a Fernández y se monta bandas al estilo de la «mano negra». El «sector Inteligencia», aunque las fuentes oficiosas no se ponen de acuerdo en cuanto al origen, si militar o gubernamental; y, por último, el «sector policiaco», deseoso, sin duda, de no perder sus fuentes de trabajo.

No es que la Policía argentina sea un dechado de virtudes, pero, desde luego, tiene otros modus operandi para asegurarse las lentejas, fuera de su escaso salario. Ahora mismo se está celebrando el juicio por corrupción contra nueve oficiales de la Comisaría 49. Resulta que un día de 2009, el sargento Dionisio Duarte, cuando patrullaba de uniforme, se vio abordado por dos comerciantes chinos, indignados, que le reclamaban la prometida «guardia de puertas» en sus establecimientos. Duarte, tras hábil investigación, descubrió que sus jefes habían montado un negocio de protección en el distrito. Cobraban una cuota a cada comercio –«quinta», en el argot– y, a cambio, garantizaban seguridad frente a los cacos. Los que no pagaban, como explicó gráficamente el sargento Duarte a los jueces, «sufrían un afano», que viene, sin duda, del verbo afanar. Las diferencias culturales hicieron creer a los chinos que tendrían un guardia en la puerta y a partir de ahí saltó el pastel.

No es, por supuesto, un caso excepcional. En un rápido repaso a los periódicos de Buenos Aires, están suspendidos, arrestados o bajo caución judicial los jefes de las comisarías 28 (la del barrrio de Barracas, por extorsión y asociación para delinquir), 49 (la de Recoleta, por un asunto anterior cometido mientras era comisario de la número 7), 44, 28 y 38. En total, 11 jefes y más de un centenar de agentes. Eso, ciñiéndonos a Buenos Aires, cuya seguridad depende del Gobierno central. De las provincias, sólo «saltan» los casos de corrupción policial cuando hay algún asesinato asociado. Claro, que comparados con los de Venezuela, México u Honduras, los policías bonaerenses son unos auténticos ángeles.

Pero mientras el fiscal Comparatore aclara los verdaderos alcances de la «conspiración», los ciudadanos de a pie, asustados, reclaman al Gobierno de Fernández firmeza y competencia. Son hondas y enrevesadas las raíces de este estallido delincuencial, pero ya les digo que tiene una relación directa con el deterioro general del país y, sobre todo, con la negativa a aceptar los propios errores. Ahí va otro ejemplo: Cristina Fernández, en una conferencia en Harvard, gastó una broma de mal gusto sobre la humilde Universidad Estatal de La Matanza, enclavada en el bastión peronista del mismo nombre. En lugar de disculparse por la metedura de pata, sus portavoces hablan de «amaño organizado para dañar a Argentina». No aprenden.
 

Una víctima de la sharía en el norte de mali pide que liberen a su pueblo
Alhader Ag Almahmoud, de 30 años, de etnia tuareg, cuya mano derecha fue cortada por los islamistas que le acusaban de ladrón, algo que él niega, muestra el muñón vendado durante una rueda de prensa organizada por Amnistía Internacional en Bamako, la capital de Mali. La situación en el norte del país, en manos de Al Qaeda y los islamistas del MUJAO, es terrible. Las ejecuciones, mutilaciones, violencia sexual y recluta de niños soldado se extienden sin que los países vecinos ni Occidente terminen de decidir los términos de una intervención militar. Alhader, hijo de un pueblo orgulloso, ha vencido la vergüenza de una acusación infame para pedir que les ayuden a liberarse de los fanáticos.