España castiga la corrupción

La supervivencia de nuestra democracia parlamentaria requiere de la honradez de nuestros dirigentes. En los 35 años de sistema representativo ningún presidente del Gobierno se ha visto implicado en asuntos de corrupción lo cual dignifica a nuestra clase política de primera línea, ¿pero podemos decir lo mismo del segundo, tercer y sucesivos niveles de nuestra extensa y compleja maraña político-administrativa? No tenemos más que acudir a consultar las sentencias de los tribunales de justicia para constatar la magnitud y gravedad del problema. Pero…¿se descubren todas las tramas?, ¿se castiga a los culpables?, los ciudadanos opinan que no. En la encuesta de NC Report para LA RAZÓN leemos que el 93,4% de los españoles considera que no se castiga debidamente a los políticos corruptos, por lo que la publicidad de las penas impuestas en estos casos no cumplen el efecto disuasorio que deberían y mucho menos el ejemplarizante.

¿Y por qué preguntar por políticos corruptos, y no por otro colectivo?, la respuesta es sencilla; el 67,3% de los ciudadanos considera que la corrupción en España medra exclusivamente en el terreno de la política. Además, el 62,2% de los españoles señala a la clase política como el grupo más proclive a la corrupción, mientras que empresarios y jueces, a gran distancia, con el 16,6% y 11,2%, respectivamente, representan a juicio de la opinión pública, los otros colectivos más sensibles a estas prácticas degradatorias.

En cuanto a su dimensión, el 61,0% de los ciudadanos considera que está bastante extendida y el 31,3% va más allá al afirmar que está muy extendida. Ambas opiniones suman el 92,3% de la población española. El 74,0% de los ciudadanos cree que están implicados los partidos políticos; el 28,1% señala al Partido Popular, otro 30,1% al Partido Socialista y el 15,8% restante a otros partidos.

En el terreno autonómico es donde los ciudadanos perciben más corrupción, concretamente el 39,4%, seguida por la administración local con el 27,4%. El tercer lugar lo ocupa la administración central, pero con tan solo el 10,8% de las opiniones. Estos datos ponen en el centro de la diana a las comunidades autónomas. En la actualidad y sin duda reforzada la percepción por la recencia informativa, el 41,3% considera a Andalucía como la más azotada hoy en día por la galerna de la corrupción, seguida por la Comunidad Valenciana con el 25,5%.

La ONG Transparencia Internacional elabora su ranking anual de percepción de la corrupción a escala global y nuestro país ocupa el puesto 31; tenemos treinta países por delante, que nos aventajan en transparencia y en gestión eficaz.

Hay que ser muy insensible para mirar hacia otro lado y dejar de legislar, investigar, perseguir y detener la corrupción que se extiende como una mancha de aceite por todo el territorio nacional. La Ley de Transparencia es la respuesta del Estado frente a la podredumbre de los corruptos.

La Nación española se arma para el combate de estas innobles prácticas. El 61,0% de los ciudadanos se muestra esperanzado en la nueva ley y otro 93,8% es favorable a que se inhabilite a los políticos que no hagan buen uso de los fondos públicos. El 83,4% de los electores afirma ya tener en cuenta la corrupción a la hora de votar y el 86,9% cree que acumular poder durante un tiempo ilimitado favorece la corrupción,
El 48,6% de los españoles considera incompatible nuestra cultura con las prácticas corruptas, es también el punto de vista mayoritario entre los ciudadanos a partir de los 45 años, mientras que por el contrario el 46,3% considera a estos pícaros como integrantes de nuestra concepción cultural de la vida. Dejando aparte los titulares de los medios y bajando al nivel de lo cotidiano nos encontramos con que el 28,2% de los españoles afirma conocer algún tema de corrupción en su entorno más próximo.Y es que el 78,7% de los españoles cree que somos tolerantes con la corrupción; de ellos un 46,7% opina que bastante y otro 32,0% que mucho.

8 de cada 10 españoles tienen en mente la corrupción a la hora de votar
Cuando un ciudadano se acerca a las urnas para votar, su cabeza tiene en cuenta los numerosos casos de corrupción. Esta es una de las conclusiones que se advierten tras esta encuesta, en las que se observa que, tras los escándalos de corrupción que han salido a la luz durante los últimos años, la sociedad española muestra mayor preocupación por quién maneja y cémo manejan los fondos públicos. También se aprecia un mayor rechazo, no sólo por los dirigentes, sino también por los partidos políticos a los que están vinculados, ya que, 8 de cada 10 entrevistados, afirmaron tener muy en cuenta los casos de corrupción, a la hora de ejercer su derecho a voto. Tan solo un 13% de los encuestados afirman votar sin tener en cuenta las actividades ilícitas de ciertos cargos políticos.