El Banco de España pide a las CC AA controlar su gasto para frenar el déficit

Fernández Ordóñez sugiere a los gobiernos regionales la misma transparencia mensual que tiene el Ejecutivo con la ejecución presupuestaria y plantearse el establecimiento de un límite de gasto para las administraciones territoriales «un instrumento que se ha revelado enormemente útil para fortalecer la disciplina presupuestaria en el caso del Estado».

Algo optimistas
Fernández Ordóñez abrió ayer en el Congreso las comparecencias de altos cargos para explicar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. El gobernador evitó dar ninguna previsión macroeconómica para 2011 por más que desde el PP y CiU lo intentaran sus portavoces Cristóbal Montoro y José Sánchez Llibre. Sin embargo, sí aprovechó el turno de respuestas para destacar que «el Gobierno es siete décimas más optimista» que el consenso de las instituciones y organismos a la hora de fijar el crecimiento del PIB. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, aseguró horas después que las previsiones de crecimiento e ingresos realizada por el Gobierno «son muy prudentes y se van a cumplir»
Fue una de las pocas ocasiones en que puso en tela de juicio las cifras del proyecto de ley presentado por el Gobierno. Fernández Ordóñez considera que más importante que el propio crecimiento es cumplir con el objetivo de reducción del déficit al 6% del PIB, porque «estaremos bajo vigilancia durante mucho tiempo por parte de quienes nos financian». El gobernador del Banco de España lanzó sin embargo un mensaje al Gobierno que sintetiza las dudas que los grandes números de 2011 ofrecen a priori a pesar de que los datos disponibles parecen anticipar el cumplimiento de los objetivos marcados para el presente ejercicio, «al menos en lo que se refiere a la actuación de la Administración central».

7Un «plan B» de choque
La insistencia del gobernador en el cumplimiento estricto del objetivo de déficit público del 6% para 2011 le llevó a pedir un reforzamiento de los procedimientos de supervisión de la ejecución presupuestaria «y, en el caso de que se detecten desviaciones, se debe responder con la rápida puesta en marcha de medidas que las corrijan. La disponibilidad de planes contingentes diseñados con suficiente anticipación facilitaría mucho el éxito de sus actuaciones».

Esto que se ha llamado un «Plan B» de medidas se convirtió en la sesión de tarde en el eje de las peticiones de los distintos grupos parlamentarios con ocasión de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda.

Tanto el PP como CiU pusieron en duda el crecimiento del 1,3% previsto por el Gobierno para 2011 y en el que basan los Presupuestos Generales. Ambos grupos calificaron de «excesivamente» optimistas estas previsiones y muy por encima de las realizadas por los organismos internacionales. Cristóbal Montoro, portavoz económico de la oposición, aseguró que «por el camino de los Presupuestos no se sale de la crisis», dudó de que se reduzca el gasto en la proporción fijada por el Gobierno y criticó duramente el parón de la partida de las inversiones. Vicente Martínez-Pujalte los descalificó por «resignarse» al paro, al estar elaborados sobre una previsión de desempleo del 19,13%. Para Pujalte no son unos Presupuestos «austeros» sino los de un país que «ustedes han arruinado», añadió. Es por eso que las partidas que más han aumentado son las de pago de prestaciones por desempleo y el pago por intereses de deuda.

Sánchez Llibre insistió en que el escenario descrito por el Gobierno era demasiado optimista tanto en la previsión de aumento del PIB como del consumo interno.

Peor desde julio
Fernández Ordóñez no se atrevió a dar un dato definitivo de la actividad económica en el tercer trimestre, aunque constató que se había producido un debilitamiento desde julio.
En una intervención plagada de mensajes, el gobernador insistió en la necesidad de moderar los salarios hasta el punto de pedir la desaparición definitiva de las cláusulas de revisión.

Animó a empresarios y sindicatos, que «usen la reforma laboral» y se alineó con la tesis de retrasar la edad de jubilación y ampliar el cómputo de los años para recibir una pensión.