Castilla y León
La prestación para hogares sin recursos comenzará a entregarse tras la Navidad
Junta, sindicatos y empresarios advierten de que combatirán la picaresca en esta ayuda que va de 426 a 692 euros.
Valladolid- La prestación para los hogares sin recursos, la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), comenzará a concederse tras las navidades, días después de que el decreto que desarrolla esa ayuda se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Así lo avanzó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien confió en que los técnicos que atenderán las peticiones, en total 67 profesionales en toda Castilla y León, comiencen a tramitarlas antes de que concluya el año en curso.
No obstante, la ayuda la recibirán de manera automática los 3.251 beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), aunque a ellos se podrán sumar quienes cumplan los parámetros. Estos solicitantes recibirán una respuesta negativa o positiva en los tres meses siguientes a la presentación de la correspondiente instancia.
Antón se expresó así tras reunir a la Mesa del Diálogo Social, en la que estuvieron presentes los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y a la que se ausentó la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale), que también ha participado en el desarrollo de esta prestación social.
En total, la Junta de Castilla y León ha presupuestado 27 millones de euros para el próximo año, primero en el que se aplicará de forma íntegra la entrega de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que tendrá como base el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que en este ejercicio supondría 426 euros mensuales. Ahora bien, esa cuantía puede alcanzar los 692,26 euros, cuando además del solicitante, en la unidad familiar beneficiaria haya otras cinco personas sin empleo.
En este contexto, las expectativas de la Junta, conforme a los recursos previstos y ampliables que dirigirá a esta iniciativa, se podrían beneficiar de la RGC entre 5.000 y 6.000 familias.
El texto destaca las obligaciones de los solicitantes, referidas a la participación en acciones formativas y la inclusión en itinerarios para acceder al mercado laboral.
Esta prestación también contempla la posibilidad de complementar, hasta llegar al importe prefijado en el decreto, los ingresos procedentes de acciones protectoras de la Seguridad Social, en cualquier modalidad contributiva o de protección.
Recursos para sobrevivir
Los sindicatos CC OO y UGT, represtados por sus secretarios regionales, Ángel Hernández y Agustín Prieto, defendieron la necesidad de estas ayudas, que van «contra la exclusión social» y suponen «recursos para sobrevivir», y valoraron la importancia de «este nuevo derecho».
Así lo planteó Hernández, quien defendió la «aplicación efectiva» de la RGC, «cueste lo que cueste», porque, dijo «hay muchas personas, en muchos estratos de la sociedad, a las que les da vergüenza pedir estas ayudas, porque son pobres. Pero lo son».
Agustín Prieto, por su parte, consideró que con esta iniciativa «Castilla y León va a entrar en la modernidad», si bien lamentó el retraso con que, a su entender, echará a andar este proyecto. No obstante, el líder del sindicato afín al PSOE, demandó «controles necesarios» de forma que se evite la picaresca y pueda detectarse, de forma que «no se aproveche nadie de los recursos públicos».
Una idea que apoyó Ángel Hernández, quien invitó a la administración a difundir esta ayuda, y que sentenció: «queremos que las familias tengan ingresos económicos, pero procedentes del trabajo, del trabajo decente», en referencia a la puesta en marcha de programas individualizados de inserción, que explotarán las habilidades y la formación de todos los candidatos a un empleo en cada hogar.
Con esta ayuda, una familia con tres miembros recibirá 63,90 euros más de lo que recibía con el IMI, al pasar de percibir 532,51 euros a conseguir 596,41.
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