Los cargos electos deberán condenar a ETA en 15 días si se ilegaliza su partido

PSOE y PP se han propuesto taponar aún más las vías de acceso de Batasuna y sus marcas blancas a las instituciones. Y por eso la Ley de Partidos Políticos tendrá una nueva figura, la llamada «incompatibilidad sobrevenida», por la cual todas aquellas personas electas que tomen posesión de sus cargos y, después, se demuestre –por sentencia judicial– que pertenecen a un partido ilegal, quedarán inhabilitados

Los diputados de CiU Jordi Xuclá, PSOE José María Benegas y PP José Antonio Bermúdez de Castro (i a d), durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron hoy en el Congreso de los Diputados para presentar la reforma de la ley electoral
Los diputados de CiU Jordi Xuclá, PSOE José María Benegas y PP José Antonio Bermúdez de Castro (i a d), durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron hoy en el Congreso de los Diputados para presentar la reforma de la ley electoral

Sólo se salvarán aquellos que en un plazo no superior a 15 días presenten voluntariamente una declaración «indubitada» de rechazo y condena de la violencia. El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares pretende tramitarse en la Cámara Baja con carácter de urgencia para cercar aún más al entorno de ETA ante las próximas elecciones municipales. Sin embargo, IU ya ha manifestado su intención de quebrar la necesaria unanimidad que requiere en Junta de Portavoces la tramitación urgente de una iniciativa legislativa. También PNV y CiU han mostrado sus recelos a esta nueva vuelta de tuerca de la Ley de Partidos, aunque aún no han decidido su voto. La reforma también amplía a partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores la prohibición de presentar candidaturas, en el caso de que continúen la actividad de una formación ilegalizada. La presentación de recursos para excluir candidaturas se extiende hasta el 44 día posterior a la convocatoria electoral –antes se fijaba en el 22 día–, por lo que abarcaría la duración de la campaña. En este mismo sentido, la Abogacía del Estado y la Fiscalía podrán ahora anunciar un escrito de demanda de ilegalización desde el día de las elecciones hasta la proclamación de los electos.

Éste no es sin embargo el único acuerdo en materia electoral alcanzado entre PSOE y PP, que también han pactado una revisión de la Ley Electoral (LOREG), tras más de dos años de estudio en una subcomisión parlamentaria. Este segundo pacto, al que sí se han sumado PNV y CiU, reduce los gastos de las campañas electorales e introduce nuevos requisitos para impedir que salgan adelante las mociones de censura apoyadas por tránsfugas. La reforma incluye además un nuevo formato para la papeleta del voto al Senado y la posibilidad de que los residentes ausentes voten en urna en los consulados. El texto prevé también una limitación de las campañas de publicidad institucional en periodo preelectoral.

Quedan insatisfechas las peticiones de IU, que pretendía introducir cambios que mejoraran la proporcionalidad de la representación parlamentaria, porque obligaba a una reforma de la Constitución que ninguno de los firmantes estaba dispuesto a abordar. Tampoco hay solución para la sustitución de diputadas que disfruten su baja maternal.


Donaciones de 10.000 euros
El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP –y al que se han sumado CiU y PNV– para reformar la ley electoral pasa también por aumentar el tope de las donaciones por parte de personas físicas y jurídicas que pueden recibir los partidos políticos. Si hasta ahora la cuantía máxima que podía donar un particular o una empresa estaba fijado en 6.000 euros, con la reforma la cantidad se eleva hasta los 10.000. Por contra, queda congelada para 2011 la subvención que reciben los partidos para gastos en elecciones al Congreso y el Senado (21.167 euros por escaño). Claro que este extremo era gratuito, pues el próximo año no hay elecciones generales, sino comicios locales y autonómicos, para los que tampoco habrá más financiación, pues queda congelada.