El G-20 y Bruselas apoyan a España frente al ataque de los mercados

MADRID- El contundente y dramático llamamiento que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, lanzó ayer al Banco Central Europeo (BCE) para que intervenga en los mercados responde a la cada vez más creciente preocupación en el seno del Gobierno por cómo evoluciona la presión sobre nuestra deuda soberana. El anuncio del acuerdo con el Eurogrupo para ayudar a la banca no fue el dique que se esperaba, y tampoco el mejor de los resultados teóricos posibles en las elecciones griegas ha servido para calmar la tormenta. La prima de riesgo alcanzó los 589 puntos básicos pese a la victoria de los moderados.

El Gobierno intenta mantener la cabeza fría con dos direcciones de trabajo: por un lado, cada día ven más evidente la urgencia de mover de nuevo ficha en el ámbito de las reformas y de los ajustes estructurales. Ahí están los informes de la Comisión Europea y el último del Fondo Monetario Internacional (FMI), los dos en la misma línea de exigir el incremento del IVA y otros recortes del gasto público, por ejemplo en materia de funcionarios.

De momento, oficialmente el Ejecutivo ha dicho que esas recomendaciones se estudian, pero que no son de aplicación inmediata, aunque ayer en Economía admitían que se ha vuelto «imperiosa» la necesidad de ofrecer nuevos ajustes, y en eso están ya trabajando. Hay proyectos muy avanzados, como la reforma de la Administración local para eliminar la duplicidad de competencias, pero parece que al menos lo que se conoce puede no ser suficiente para calmar el «hambre» que tienen en Bruselas. También trabajan en nuevas reformas fiscales y en el ámbito de la función pública para, según precisan, aumentar la productividad. En los próximos Consejos de Ministros habrá novedades y también serán determinantes los Presupuestos para 2013.

Esta decisión de estar preparados por si necesitan poner con urgencia nuevas medidas encima de la mesa es compatible con el hecho de que en el discurso público sigan colocando el foco en el exterior, especialmente en Alemania, y en el BCE, por supuesto. Incluso quienes hasta ahora han sido más optimistas sobre la evolución futura se han vuelto ya moderadamente realistas.

Catastrofismo o realismo
Una sensación que cunde entre las filas populares: «O el G-20 hace algo o Alemania nos coloniza o nos vamos del euro. Y no sé si soy catastrofista o realista», comentaba ayer, informalmente, un veterano dirigente popular. En Moncloa saben que sólo con las reformas no basta y que si no se cumplen las otras condiciones, que el BCE actúe y que la UE deje claro que no dejará caer a ningún país, todo lo que hagan será insuficiente.

Entretanto, Montoro fue ayer muy explícito. Hasta ahora las invocaciones al BCE eran sugerencias, sin ni siquiera nombrarle, en aras de su independencia con respecto a los Estados miembros de la UE. Llegados a esta situación el ministro de Hacienda no se anduvo por las ramas y fue directo a morder: «El BCE debe responder con toda firmeza, con toda fiabilidad, a esos mercados que todavía intentan obstaculizar el desarrollo del proyecto común del euro», comentó en el Senado, donde intervino para defender los Presupuestos de este año, en su última fase de tramitación parlamentaria. Además, ya oficiosamente, fuentes del Gobierno advierten de que al BCE se le está yendo la mano en apretar al cuello de los Estados, entre ellos España, para exigir nuevas reformas porque «cuando la suelte puede encontrarse con que nos ha ahogado».

Pronto para estrategias
Precisamente, el miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, el alemán Joerg Asmussen, insistió ayer en que el instituto emisor no puede sustituir las reformas que tienen que llevar a cabo los Gobiernos y advirtió de que es el momento de que actúen los gobernantes. También defendió que ante la situación actual de los mercados es pronto para plantear una estrategia de aplicación de las medidas no convencionales que el BCE puede activar para ayudar a la banca.
Montoro admitió que la situación de la economía española es «crítica y crucial» porque las «dudas persisten». El futuro del sistema financiero español se decidirá una vez sean oficiales los informes de las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman. La información que maneja Moncloa apunta a que esa evaluación puede estimar en unos 75.000 millones las necesidades financieras de nuestras entidades.