Moncloa hace campaña: da 500 millones para el Estatut y cede los trenes regionales

Hace un tiempo que el president de la Generalitat, José Montilla, y el ministro de Fomento, José Blanco, pactaron una comisión bilateral, antes de las elecciones, para pulir las últimas transferencias y la cuantía económica que debía acompañarlas. Pues bien, hoy es el día escogido para celebrar una comisión que será poco más que una foto, dado que todo ya está atado y bien atado, eso sí, en plena campaña electoral. Cataluña pasará a gestionar los trenes regionales y engrosará sus arcas con 500 millones en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Estatut.

Así lo anunció ayer la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, tras la reunión semanal del ejecutivo. Según la Tura, la Generalitat está «muy satisfecha» con los acuerdos, especialmente tras el «rodaje» de más de 10 meses en la gestión de los trenes de Cercanías.

Tura calificó «muy buena noticia para Cataluña» el hecho de poder «incorporar a esta gestión los trenes regionales». La consejera, por otro lado, explicó que los 500 millones de euros corresponden a la liquidación pendiente que corresponde al año 2007, así como los importes necesarios para completar las inversiones en infraestructuras previstas en Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010 y reflejadas en el Estatut.

La Disposición Adicional Tercera del Estatut establece que, durante siete años, la inversión del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras se tendrá que equiparar al peso de la economía catalana en el Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de España, con el objetivo de «corregir el déficit de inversión del Estado en Cataluña en esta materia».

La transferencia de los regionales, que previsiblemente se hará efectiva el 1 de enero del 2011, seguirá las pautas marcadas por el traspaso de Cercanías, transferida a Cataluña a comienzos de año. Es decir, la Generalitat gestionará el servicio de los trenes que enlazan Barcelona con Girona, Lleida y Tarragona, pero la titularidad, así como del resto de las infraestructuras ferroviarias (vías y estaciones) seguirá en manos del Estado.