El PSOE estudia recurrir en el TC la «supresión» de Sanidad para irregulares

"La derecha española no debería copiar a la extrema derecha griega, que también está recurriendo a perseguir a los inmigrantes", ha declarado hoy a la prensa el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.

El responsable socialista y la representante de UGT Ana María Corral se han reunido hoy con una quincena de asociaciones de inmigrantes, que han pedido a partidos, organizaciones sociales y sindicales apoyo para que se presenten recursos de inconstitucionalidad en ese sentido.

Las asociaciones han acordado un manifiesto contra la retirada de la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre a los residentes irregulares y el proyecto del Ministerio de Sanidad para que éstos y otros extranjeros que no coticen, ni sean asegurados ni beneficiarios, paguen una cuota mensual para ser atendidos.

El documento, leído por el portavoz de Madres Dominicanas (VOMADE) Pedro Álvarez, interpreta que es la imposición de un "peaje"que viola derechos fundamentales, unas medidas "punitivas de la sinrazón"y un "retroceso"sin diálogo con el movimiento asociativo inmigrante.

Al mismo tiempo, son "imposibles"por la situación económica general y de los irregulares en particular.

En rueda de prensa conjunta, Hernando ha indicado que en los próximos días se concretarían los términos del posible recurso y ha acusado al PP de hablar de la inmigración y "sembrar racismo y xenofobia"cuando tiene problemas electorales "muy graves, como ahora en las encuestas".

En declaraciones posteriores, ha apuntado que serían 50 diputados o senadores socialistas los que presentarían el recurso.

Ha augurado que las medidas de Sanidad serán "ineficaces", no ahorrarán, sino que se colapsarán los servicios de urgencia; "injustas"porque se abocará a la enfermedad a quien necesite atención, e "inmorales"porque atentan contra la dignidad de las personas.

Al mismo tiempo, ha criticado que la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el Gobierno estén "desaparecidos"y "escondidos"detrás del director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno.

Este responsable ministerial afirmó ayer que el tratamiento de los pacientes crónicos será financiado por el país de origen del inmigrante, en caso de que exista un convenio de colaboración bilateral en este sentido, ya que se le trasladará la factura correspondiente.
Hernando ha dicho que es absurdo especular sobre una medida anunciada por un director general en agosto.

"Que Mato vuelva y dé la cara", ha reclamado Hernando, para quien el Gobierno debe reconocer que "se ha equivocado"y que todas las personas que viven en España van a tener la asistencia como hasta ahora, pues han contribuido a crear prosperidad y ahora se les quiere dar "una patada".

"Hoy dan un respuesta -ha enfatizado-, mañana otra y al día siguiente, ya veremos ... Quizás Mariano Rajoy piense que mirando a otro lado sea suficiente, pero seguro que no porque esas personas van a seguir aquí".

Ha considerado "evidente"que algunos dirigentes del PP han dicho claramente que "los sin papeles tienen que irse", para concluir que parece que al Gobierno "le sobran"todas las personas que suponen un gasto público.

Por UGT, Corral ha coincidido en que el Gobierno dice una cosa un día y otra distinta al siguiente "sin rigor ni base jurídica", pero con la intención "clara"de que los inmigrantes vuelvan a sus países.

La presidenta de honor de VODAME, Bernarda Jiménez, que llegó a España hace 26 años, ha dicho que los inmigrantes reclamarán sus derechos "donde haga falta".

"España la hemos construido entre todos -ha enfatizado-, con sangre inclusive, la de Lucrecia Pérez Mato, inmigrante dominicana asesinada hace 20 años (...) y ahora, en las malas, no puede ser 'el váyanse, que ustedes sobran'".

Ha recordado cómo ahora también los españoles van a trabajar a los países de origen de los inmigrantes, por lo que ha reclamado "igualdad de trato".

Rosario Sanabria, de ARI Perú, ha señalado que Médicos del Mundo o Amnistía Internacional los apoyan y que un informe aprobado en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes concluye que los inmigrantes no usan la sanidad pública más que los españoles.