De andar por casa

En 2007 escribí un artículo contando cómo en Finlandia –donde la sobrevaloración de una propiedad está considerada y penalizada como estafa– cuando un particular quiere vender su vivienda, tiene que llamar a un técnico del Estado que certifica que lo que pide por ella se corresponde con su precio real.. Si aquí hubiéramos hecho las cosas como allí no habría ahora 316.707 familias que deben al banco más de lo que vale su casa y que, por lo tanto, tendrían un gravísimo problema si hoy tuvieran que venderla. Ya sé que «estabular» el valor de las viviendas por ley es ir en contra de la economía de libre mercado en la que quienes mandan son la oferta y la demanda, y el riesgo forma parte del juego. Cierto. Pero en este caso, en el que el bien en cuestión es además un derecho constitucional, no se trataría tanto de estatalizar los precios como de aplicar baremos parecidos a los de las VPO estableciendo horquillas sujetas a la calidad de los pisos, de manera que cuando consigamos curarnos las heridas del estallido de la pompa inmobiliaria, nadie fabrique nuevas burbujas. No se puede negar que los bancos, con sus tasaciones a la carta y sus hipotecas suicidas, son los principales culpables de la situación delicada de miles de familias que están al borde de la quiebra; pero también hay que reconocer que mientras las entidades financieras nos han vendido triciclos como si fueran motos, nosotros se los hemos comprado convencidos de que siempre habría un tercero que nos los pagaría a precio de automóvil. Es lo que lisa y llanamente se conoce como especular. Y en eso, aunque duela decirlo en voz alta, hemos participado todos.