La oposición exige en bloque las actas de los consejos de gobierno

Sevilla- La oposición intentó ayer desmontar el argumento que aduce la Junta para no entregar a la juez las actas de los consejos de gobierno –mantiene que las deliberaciones son secretas y que el levantamiento de reserva es una potestad propia– con razones jurídicas sustanciadas en la Ley de Gobierno de Andalucía. Según Rosario Soto, portavoz del PP-A, tales actas no constituyen «información reservada», puesto que el artículo 30.3 de la normativa autonómica establece que en dichos documentos sólo deben figurar la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. «En ningún caso deben aparecer deliberaciones, opiniones ni votos individuales», sostuvo.
Sí precisó que la Junta puede acogerse a su derecho a no remitir información reservada, aunque «en las actas no figura ese contenido». «No voy a entrar en si es ilegal o no que la Junta envíe documentación reservada», sostuvo, aunque sí subrayó que «no entendemos tanta obstrucción a la Justicia». También criticó la «falta de transparencia» del Gobierno andaluz en este sentido.
«Ciega, pero no tonta»
Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, remarcó que «la ley permite» que la Junta haga públicas las actas y afirmó irónicamente que «la Justicia es ciega pero no tonta».
A su juicio, la magistrada «pone el dedo en la llaga cuando señala al Consejo de Gobierno». «Parece claro que la Justicia acorrala al Gobierno y que éste se sitúa a la defensiva e incumple su promesa de colaborar». Para el dirigente de la coalición de izquierdas, las reclamaciones de Alaya «ponen de manifiesto que el Gobierno mintió al Parlamento andaluz y que no está cumpliendo con la colaboración con la Justicia a la que se compromete insistentemente», por lo que el Ejecutivo de Griñán «está obligado a no poner palos en la rueda de la Justicia» en la investigación de la trama.
Valderas fue más allá y aseguró que el Gobierno andaluz vetó en su momento la creación de una comisión de investigación y ahora hace lo mismo con la Justicia poniendo una serie de barreras para imposibilitar que la juez pueda alcanzar el conocimiento pleno de lo que ha ocurrido en el Consejo de Gobierno en materia de ERE.
Sobre el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se sume la investigación, Soto confió en que suponga un «salto cualitativo para clarificar muchas cuestiones que siguen oscuras». No obstante, puso sus reparos en que fuera el delegado en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, el encargado de la investigación, puesto que apoyó la recusación de Alaya por el «caso Mercasevilla».

«Puede incurrir en un delito»
El sindicato Manos limpias, personado como acción popular en la causa de los ERE, pidió ayer a la juez que vuelva a requerir a la Junta las actas de los consejos de gobierno, apercibiéndole de que, en caso contrario, incurrirá en delito. El sindicato asegura que la negativa de la Junta no está amparada por la Ley 6/06 del Gobierno de la comunidad autónoma, ya que «las deliberaciones son secretas, no así las actas, que deben reflejar la transparencia». La juez ha pedido las actas con las resoluciones de los consejos de gobierno, que se incluyen entre los documentos que las administraciones públicas están obligadas a facilitar al Poder Judicial según el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, explica el sindicato.