200 controladores exigen la rescisión de contrato con 45 días de indemnización

Hasta 200 controladores aéreos –más otros 200 ya prejubilados– han solicitado la rescisión de su contrato de trabajo debido a la modificación sustancial de sus condiciones laborales por parte de AENA, acogiéndose al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual pueden solicitar la rescisión de su contrato con la indemnización señalada para el despido improcedente, es decir, 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades. El Convenio Colectivo también contempla esta circunstancia, si bien con menores indemnizaciones.

El secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, señaló ayer tras la reunión que el sindicato mantuvo con AENA y el ministro de Fomento, José Blanco, que ante la falta de respuesta por parte del gestor, acudirán a la vía judicial. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, confirmó a LA RAZÓN la existencia de las solicitudes, si bien consideró que éstas no tienen ninguna base, ya que la nueva ley de los controladores modifica los términos del convenio colectivo, que queda así sin vigencia. Estos 200 controladores suponen aproximadamente el 10% de la plantilla, que cuenta con 1.950 efectivos operativos.

Por el momento, estos controladores continúan trabajando, pero de finalizar su relación laboral con AENA, la plantilla quedaría muy mermada, lo que dificultaría la normal prestación del servicio.

Tanto Fomento como USCA calificaron de positiva la primera reunión entre ambas partes tras la aceptación por parte del sindicato del acuerdo de bases alcanzado con AENA el mes pasado. «Es un punto de inflexión que redundará en beneficio de los ciudadanos y de las compañías aéreas de España, así como de un sector tan importante como es el del turismo», señaló el ministro.

El 10% de la plantilla podría dejar de trabajar
- ¿Por qué protestan? Los controladores se quejan del empeoramiento de sus condiciones laborales, ya que ahora trabajan más horas por menos sueldo.
- ¿Qué puede suceder? Si los tribunales les dan la razón, aproximadamente un 10% de la plantilla operativa dejaría de trabajar, lo que dificultaría la prestación del servicio.
- ¿Qué piden? Solicitan la misma indemnización que por un despido improcedente, 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades.