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La Fiscalía no pedirá a Ruz que cite a declarar a Camacho
MADRID-La Fiscalía no tiene previsto solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que llame a declarar como testigo al ministro del Interior en funciones, Antonio Camacho, en relación al «chivatazo» que desbarató una operación policial contra el «aparato de extorsión» de ETA en mayo de 2006, cuando era la «mano derecha» de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio. Según aseguraron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, el Ministerio Público sí estaría dispuesto a instar al magistrado a permitir que la Guardia Civil investigue el supuesto soplo policial. Según esas mismas fuentes, la renuncia fiscal a la comparecencia de Camacho se sustenta en que el propio magistrado rechazó esa posibilidad por dos veces durante la instrucción de la causa.
También cerró la puerta a cualquier cambio en el equipo investigador encabezado por el ahora comisario Garlos Germán, pero en este caso, el fiscal Carlos Bautista entiende que el auto de la Sala de lo Penal que echó por tierra los procesamientos alienta esa posibilidad. El Pleno, de hecho, reprochó al instructor en esa resolución que no contemplara otras hipótesis más allá de la defendida por el equipo investigador, sobre todo teniendo en cuenta que era el mismo que se encargó de la operación contra ETA abortada por el «chivatazo».
El Pleno de la Sala de lo penal concluyó el pasado 22 de septiembre que los delitos en los que se justificaba el procesamiento eran endebles, obviando así el debate sobre si el caso debía seguir en la Audiencia Nacional o trasladarse a los juzgados de Irún. Una vez conocido el dictamen, Dignidad y Justicia solicitó al juez Ruz, al igual que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que permitiese investigar los hechos a la Guardia Civil. Esa sustitución del equipo investigador ya fue defendida de forma estéril durante la instrucción por las defensas de dos de los tres imputados el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros. Hasta ahora, todas esas iniciativas se han topado con la inquebrantable confianza de Ruz en Germán y su labor investigadora, que en esta ocasión se pondrá de nuevo a prueba.
La petición de que Camacho sea citado a declarar como testigo -defendida también por la asociación que preside Daniel Portero- se sustenta en las llamadas que intercambiaron el ministro y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo (a quien el juez también retiró su condición de procesado), durante las horas clave del chivatazo. Para Dignidad y Justicia también resulta clave que se celebre un careo entre Germán y su superior jerárquico, el entonces jefe de la UCI José Cabanillas, quien le acusó de destruir una prueba clave para esclarecer los hechos. El instructor también rechazó ese cara a cara.
El pasado lunes, Ruz solicitó a la Fiscalía que se pronuncie sobre las diligencias que, en su opinión, deben practicarse para cumplir el mandato de la Sala de lo Penal y avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en el fortalecimiento de los indicios existentes. Expresamente, el magistrado le instaba a expresar su parecer en relación a las diligencias instadas por Dignidad y Justicia y la defensa de Ballesteros, que le pidió que citara a declarar como imputado a Germán. En ese mismo escrito, el juez aprovechaba para ajustar cuentas con la Sala al solicitar a la secretaria judicial que dé fe de varios hechos nucleares que el Pleno identificó de forma errónea (entre ellos la hora de la llamada en la que se produjo el chivatazo o la puerta por la que Ballesteros habría entrado al «bar Faisán»).
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