El Gobierno baraja «sancionar» a las autonomías que incumplan el déficit

En concreto, el real decreto de medidas para la corrección del déficit público contó con 197 votos a favor, 138 en contra y 4 abstenciones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de defender el mayor ajuste presupuestario de la historia de la democracia para corregir la desviación del déficit público y lo ha calificado de "ponderado", al tiempo que ha pedido sacrificios ante la urgencia de superar la crisis.

Durante el debate de convalidación del Decreto Ley de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, Montoro ha señalado que la subida del impuesto del IRPF y del IBI son medidas "ponderadas en términos económicos y sociales"y no afectan ni recaen sobre los sectores más débiles de la sociedad.

Ha añadido que el Ejecutivo ha rechazado pedir esfuerzos a los autónomos y pequeños empresarios y ha decidido no subirles los impuestos, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno examina cómo mejorar su financiación para que sean los "motores"de la creación de empleo.

"Son decisiones neutrales", ha recalcado Montoro en defensa del decreto ley que ha calificado de "equilibrado", tras añadir que se trata de medidas excepcionales para un tiempo excepcional, para recuperar la credibilidad de España y "decir a los socios europeos que España está comprometida con la corrección del déficit público".

El ministro ha incidido en que el anterior Ejecutivo socialista conocía el desvío del déficit público en 2 puntos porcentuales del PIB y ha afirmado que hay que adoptar medidas correctoras también sobre los déficit de todas las administraciones públicas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste hoy al primer debate en el que la mayoría del Congreso aprobará su primer paquete de medidas económicas que incluyen una subida de impuestos y un recorte del gasto de 8.900 millones de euros.

El decreto Ley contempla el alza del IRPF y del impuesto del IBI durante dos años, así como un incremento del 19 % al 21 % del impuesto sobre las rentas de capital y la congelación del salario de los funcionarios en 2012 y su prolongación de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas.

Asimismo, el decreto prorroga el IVA superreducido al 4 % en la construcción y recupera la deducción por la compra de la residencia habitual.

Montoro ha señalado que se trata de decisiones que deben cortar "de raíz"la crisis económica y ha cifrado en 15.189 millones de euros la reducción del gasto necesario para hacer frente a la "peor y más larga crisis de la historia".

Sobre la subida del IRPF, Montoro ha asegurado que no todos los españoles iban a sufrir las mismas consecuencias para salir de la crisis, por lo que el Gobierno ha pedido un esfuerzo, un sacrificio a quienes pueden hacerlo.

"No nos hubiera gustado (subir los impuestos), pero el interés general así lo requiere", ha dicho Montoro, quien ha cifrado el recargo medio del alza del IRPF en 52 euros al año para las rentas de hasta 17.700 euros, y de 180 euros anuales, para aquellas de hasta 33.000 euros.
"Estamos pidiendo un esfuerzo tributario, pero moderado y temporal y con el compromiso del Gobierno de rebajar dicho impuesto una vez se ponga en marcha el crecimiento económico", ha resaltado el Ministro.

Según ha señalado Montoro, el Ejecutivo no ha querido elevar los impuestos que recaen sobre el consumo, sobre las capas sociales que más han sufrido la crisis y tienen mayores desventajas", pero "había que reaccionar así".

Por último, el ministro que ha dicho que "el problema ha sido hacer frente a un agujero"de 20.000 millones de euros, ha pedido a los grupos que dejen de lado las ideologías para tomar decisiones "que corten de raíz la crisis".

"Es un momento donde el debate político tiene que tener la altura", según Montoro, quien no obstante, ha reconocido que las medidas aprobadas por el Gobierno "no bastarán", ya que hacen falta reformas importantes como la del sector financiero o la del mercado laboral.

Sanción a las Comunidades
El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país"comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.