Bruselas
Una ley de proyectos estratégicos cerrará las reformas urbanísticas
Una ley para tramitar en un máximo de ocho meses los proyectos que se declaren estratégicos y otra que facilite la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Con estas dos actuaciones se cierran los cambios en la normativa urbanística en la Comunitat Valenciana.
Durante los últimos siete años ha sido cuestionada por los organismos comunitarios. Sin embargo, la semana pasada el Tribunal Europeo dejó bien claro que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no tiene nada de ilegal, y que los tan denostados Programa de Actuación Integrada (PAI) se ajustan a derecho. Se abre, pues, una nueva etapa en la que empresarios y Generalitat han acordado unir esfuerzos para conseguir limpiar la imagen de la Comunitat Valenciana. Esta ofensiva se completará con la aprobación de una ley de proyectos estratégicos, que garantice que los que sean declarados como tal se tramitarán en un máximo de ocho meses.
Estratégico sí, ladrillo no
La dificultad reside ahora en acotar la definición de proyectos estratégicos. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, documento base para el nuevo modelo urbanístico, ya deja algunas claves. El hecho de que estos proyectos disfruten de una tramitación exprés y puedan ejecutarse al margen de los planes generales, hace imprescindible la elaboración de una ley. De momento, ya se ha asegurado que las viviendas serán algo excepcional, así que los «pelotazos urbanísticos» quedan descartados y deberán llevar aparejada la creación de empleo y la generación de valor añadido.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, explicaron a LA RAZÓN que únicamente hay que proceder a la elaboración de un decreto para aplicar con mayor seguridad y facilidad la figura de la Evaluación Ambiental Estrátegica en el planeamiento urbano. Las EAE sustituyen a las antiguas declaraciones de impacto ambiental y vienen impuestas por una directiva europea. Esta actuación podría completarse con alguna que supusiese acortar los trámites de aprobación de proyectos y que nunca conllevarán la aprobación de la ley. El objetivo es conseguir que la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reduzcan su tramitación de los cuatro años actuales, al año y medio su aprobación.
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