El libro dos veces más «pirata»

En el segundo semestre de 2009 dicha tasa era del 19,7 por ciento, pero la proliferación de los dispositivos que permiten leer libros de forma digital ha aupado la descarga de archivos hasta el punto de que, de haberlos pagado, la industria editorial habría ingresado 421,5 millones de euros más según la Coalición. «El sector del libro está entrando en caída libre, y lo peor está por llegar», advirtió Aldo Olcese, presidente de la Coalición, quien explicó también que «con la campaña de Navidad en mente, algunas empresas ya se han puesto las pilas para ofrecer contenidos ilegales que poder cargar en las "tabletas"», es decir, en los dispositivos preparados para ello.

Pero no todo son malas noticias para la industria, ya que la tasa de «piratería» de películas ha disminuido durante el primer semestre de este año. Esto no significa que los usuarios descarguen sin permiso menos contenidos protegidos: esas cifras no han variado sustancialmente. Lo que sí ha aumentado es el consumo dentro del mercado legal, lo que hace descender la tasa. Según la Coalición, «este aumento responde al éxito de películas en 3D como "Avatar"y "Alicia en el País de las Maravillas", un formato que, en las salas, todavía no se puede "piratear"», aseguró Olcese. En todo caso, el cine todavía sufre una tasa de «piratería» del 77,1 por ciento (un 6,6 menos que durante el segundo semestre de 2009), con lo que se estima que esta industria ha perdido 1.867,4 millones de euros. El videojuego tampoco puede presumir: su tasa de «piratería» roza el 61 por ciento. Pero la gran perjudicada por las descargas ilegales sigue siendo la música, con una cifra del 97,8 por ciento. Esto significa que casi el 98 por ciento a la que acceden los usuarios es descargada ilegalmente.

«Las tasas siguen siendo alarmantes a pesar del buen comportamiento del cine. Estamos hablando de que, en seis meses, la industria ha perdido 5.200 millones de euros y Hacienda 1.500. Durante el primer semestre del año, 15.000 profesionales del sector cultural han perdido su puesto de trabajo», se lamentó Olcese.

La otra buena noticia es que el volumen de negocio digital y legal sigue en aumento. Durante el primer semestre ingresó 1.560,7 millones de euros, un 2,6 por ciento más que el mismo semestre del año anterior. En numerosas ocasiones, los usuarios achacan a la falta de oferta de contenidos legales en internet el aumento de la «piratería». Sin embargo, desde la Coalición aseguran que «se está configurando una oferta legal muy importante que tendrá una verdadera eclosión en cuanto se apruebe la legislación sobre las descargas. En este sentido, estamos tranquilos».

Oferta legal
La aprobación de dicha regulación (contenida en la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible) parece condición sine qua non para generalizar la oferta: «Mientras no esté regulado, no se puede pretender que la industria haga una fuerte inversión en este terreno y le ponga las cosas más fáciles a los que se esconden detrás del paraguas de la cultura libre cuando sólo buscan enriquecerse. No se puede dudar de que a mayor legislación, mayor oferta legal», explica Olcese. En este sentido, el presidente ha hecho referencia a los últimos movimientos de operadores y administradores en el terreno de los contenidos. Telefónica acaba de anunciar que ultima una plataforma con la que entrará en el negocio editorial on-line; Google, a través de You Tube, ofrecerá películas en «streaming» de forma legal, y la tienda virtual de Apple, iTunes Store, vende series y filmes. «Se han sentado en nuestra mesa porque han comprado contenidos por mucho dinero», dijo.

Con este nuevo panorama, Olcese espera poder alcanzar un pacto con operadoras y administradores de contenidos –como Google– para, una vez aprobada la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible, marcar sus límites. «Debemos ponernos de acuerdo en la regulación que seguirá a la ley y, después, extenderla a los usuarios». Así, la Coalición pretende conseguir el acuerdo que no fueron capaces de alcanzar para determinar un marco normativo, un fracaso que provocó que el Gobierno tomara cartas en el asunto.

¿Perderá lo gratis?
El triunfo de la oferta legal de contenidos en internet puede tener un aliado inesperado: el usuario. El 60 por ciento de los encuestados, internautas de entre 16 y 55 años asegura que estaría dispuesto a pagar por los contenidos, lo que, según la Coalición, «representa un incremento con respecto al semestre anterior. Creemos que esta disposición se debe al aumento de la oferta legal y a la percepción de la gente de una inminente regulación», comenta Olcese. En estos momentos, la pregunta del millón no es otra que: ¿cuándo se aprobará la ley?


El detalle: dos de cada tres somos piratas
Las abultadas cifras que contiene el informe de la Coalición de Creadores pueden resultar abrumadoras. Lo cierto es que todas ellas se pueden resumir de una forma muy sencilla: «Dos de cada tres usuarios de internet se descargan ilegalmente música o películas». Así lo aseguró Aldo Olcese ayer. También Hacienda podría pasar a ingresar un gran pellizco si se terminara la «piratería»: 1.500 millones de euros. Este dinero es lo que se ahorró el Gobierno con la congelación de las pensiones. Con todo, la industria cultural es la más perjudicada: sólo en los primeros seis meses de 2010 dejó de ingresar 5.212 millones de euros. El último semestre de 2009 fueron 5.121 millones, lo que no hace más que constatar la tendencia ascendente de la descarga ilícita de contenidos de internet.


La «ley sinde», ¿para cuándo?
La lucha contra la «piratería» se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Su cronología no tiene desperdicio:

- En primer lugar, la industria cultural y los operadores de telefonía se tiraron un año largo para consensuar un código de autorregulación.
- Tras el fracaso de dicho proceso, la patata caliente le cayó al Ministerio de Industria y Cultura.
- No fue hasta que se creó una comisión interministerial que el proceso comenzó a avanzar. Dicha comisión adosó a la Ley de Economía Sostenible una disposición adicional (conocida como «Ley Sinde»).
- Este marco regulatorio, que sufrió algunas variaciones por la inexistencia en su primera versión de intervención judicial, supone que el dueño de los derechos de autor puede demandar a una página web frente a la Comisión de Propiedad Intelectual la presunta utilización ilícita de contenidos protegidos. Si la Comisión la estima, será remitida a un juez de la Audiencia Nacional que tendrá cuatro días para resolver si bloquea dichos contenidos de la página web denunciada.
- El proyecto entra en el Congreso el 30 de marzo, pasó por la mesa el 6 de abril y, desde que comenzara el proceso de presentación de enmiendas, ha sufrido numerosos aplazamientos.
- Todo apunta a que, tras estos retrasos, la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible estará aprobada antes de finales de año. Pasado este trámite, habrá que desarrollar un reglamento para aplicar la citada disposición.
- Las estimaciones más optimistas hablan de abril como el mes en el que podría comenzarse a aplicarse el reglamento y, por lo tanto, denunciar a las páginas. Sobre este punto, la Coalición dice que «las medidas no bloquearán los juzgados. Al fin y al cabo, se trata de una lista de 200 o 250 webs».