Barcelona capital antisistema

Es difícil calcular el número de jóvenes antisistema que residen habitualmente en Barcelona. Existe una base de unos 200 individuos que, según las autoridades y los Mossos, se repiten en todos los actos vandálicos. Es indiferente que sea un homenaje a una colaboradora de ETA, una celebración del Barça o una cumbre de jefes de Estado. Siempre la lían. Otra dificultad es calcular el número de casas «okupadas». Los bastiones son los barrios de Gràcia y Sants –también feudos independentistas– y aproximadamente deben haber unas 300 viviendas habitadas por radicales. El número cambia constantemente, no en vano uno de los lemas «okupas» es «a cada desalojo, una "okupación"».

En los últimos cuatro o cinco años, Barcelona se ha convertido en el paraíso de los «okupas». Los motivos son varios, pero entre ellos destacan la permisividad judicial y policial, el clima barcelonés y la proximidad con Europa.

Este último motivo es básico, y provoca un efecto llamada a Italia, Francia, Alemania o Holanda, e incluso a países de otros continentes. Pese a que aparentemente este movimiento parezca desorganizado y anárquico, la realidad es muy diferente.

Gran planificación
Por ejemplo, los graves disturbios de esta semana, en el día de la huelga general del 29 de septiembre, no fueron planificados de la noche a la mañana. Coincidiendo con el homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera en la fiesta mayor del barrio de Gràcia, se comenzaron a planear los altercados del 29-S. «Venid, que la vamos a liar gorda», anunciaron los radicales barceloneses a sus colegas de toda Europa. Dicho y hecho. Entre los detenidos por estos hechos vandálicos hay italianos, franceses, mexicanos, portugueses, daneses e incluso hindúes.

El efecto llamada se realizaba tradicionalmente a través de las páginas web www.indymedia.org y www.kaosenlared.net, y ahora le ha llegado el turno a las redes sociales Facebook y Twitter. Para intentar burlar la vigilancia policial –no siempre lo consiguen– utilizan un lenguaje críptico, en clave. También tienen numerosos foros para comunicarse, muy difíciles de localizar si no perteneces al «movimiento».

Todo está perfectamente organizado y planeado, y también los métodos de «okupación» y la asistencia jurídica. En otras páginas web antisistema de Barcelona hay enlaces llamados «cómo "okupar"una casa» o «te ofrecemos servicios jurídicos». Los «squatters» barceloneses tienen a sus propios abogados, que saben aprovechar el vacío legal existente en este asunto. El sistema judicial español, muy garantista, favorece especialmente a los «okupas». Cuando el juez deriva cada desalojo por la vía civil, la operación policial puede tardar meses en llevarse a cabo, incluso años.

Es un hecho importante y que está provocando un cambio de opinión de los barceloneses respecto a los antisistema. Durante años, gozaron de las simpatías de buena parte de la progresía de clase media de la ciudad. Eran años en que los «okupas» eran más fieles a sus ideales. Las casas «okupadas» no eran polvorines de conflictos como ahora, sino espacios para realizar talleres, actividades artísticas, centros cívicos para el barrio.

Sin embargo, en los últimos ocho años todo ha cambiado. Numerosos episodios violentos, finalizados siempre con cargas policiales, destrozos y heridos, han calado hondo en la inmensa mayoría de los barceloneses. Ya no les hace gracia tener una casa «okupada» al lado. Poco tienen que ver los actuales «squatters» con los de hace 20 años.

Ahora se les relaciona más con los destrozos que con pacíficos talleres artísticos. El «movimiento», como se le llama, ha derivado hacia una ideología vacía, sin contenido, que por encima de todo busca el enfrentamiento con la autoridad, sobre todo con su «enemigo número uno», la Policía. Antes los rivales eran el capitalismo, las sucursales bancarias, los ricos... Ahora son los agentes. Barcelona es la capital antisistema, pero es difícil esclarecer del todo los motivos. El más importante, según los expertos y también según la Policía, es la vigencia de unas leyes quizá demasiado permisivas con los radicales.

Radicales de diseño
No es únicamente que los desalojos se demoren meses y meses. Hay algo más. Las ordenanzas municipales de Barcelona no son en absoluto duras contra los radicales. Esta misma semana, el secretario general de los Mossos del sindicato CCOO, Toni Castejón, dio en el clavo cuando puso un ejemplo que se antoja definitivo. «No puede ser que se tengan que pagar 160 euros porque la grúa se te ha llevado el coche y que agredir a un policía se salde con una multa de 100 euros», dijo. Es un buen ejemplo de cómo funcionan las cosas en Barcelona en este asunto. Orinar en la calle supone una sanción de casi 300 euros, el triple de una agresión a un agente.

Ganas no les faltan a los Mossos para acabar con este problema, pero están ligados de pies a cabeza a nivel judicial. Los detenidos por vandalismo pasan un día en los calabozos, se paga una multa y ya está, a la calle. Menos de 24 horas después de los graves disturbios del 29-S, la policía autonómica advirtió que «Barcelona tiene un problema gravísimo con los antisistema, falta endurecer las leyes».

Siempre se ha apuntado al Ayuntamiento como culpable de esta permisividad. En parte, es cierto. En años de democracia, la ciudad siempre ha sido gobernada por el PSC con la ayuda de ICV, la rama catalana de IU. Esta misma semana, el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, explicó que, hace años, ofreció a un ex alcalde socialista todo su apoyo para combatir contra los radicales. «No es para tanto, olvídalo», vino a responder el dirigente del PSC. Otro ejemplo. La ex teniente de alcalde Imma Mayol, de ICV, se proclamó «antisistema y favorable a los "okupas"» mientras ejercía este cargo. Por increíble que parezca, Mayol era la pareja de Joan Saura, actual conseller de Interior y máximo responsable de los Mossos.

Precisamente la presencia de ICV en el departamento de Interior ha agravado del todo la situación. El divorcio con la Policía Autonómica es total y los Mossos ni lo disimulan. Su punto de vista sobre los antisistema es totalmente opuesto. La Policía considera que es un problema «gravísimo», mientras que la consellería minimiza este fenómeno una y otra vez. Mientras sucedían los altercados del miércoles, el número dos de Interior, Joan Boada, se estaba manifestando en Girona a favor de la huelga.

En definitiva, Barcelona es un imán para los antisistema por su benevolencia judicial. Las «okupaciones» y los destrozos salen muy, muy baratos. Los «squatters» del resto de Europa, acostumbrados a leyes mucho más restrictivas, han encontrado aquí un paraíso. El «campo de trabajo» es infinito –se calcula que en Barcelona hay unos 25.000 pisos o casas vacías– y si hay desalojo, ningún problema. En pocas horas se «okupa» otra vivienda.