Nueva York

Carlos G ratifica al juez Ruz que el móvil del soplo policial a ETA fue «político»

El jefe del equipo policial que investigó el chivatazo que alertó a ETA de una inminente operación contra su «aparato de extorsión» en mayo de 2006 se mantiene en sus trece. Citado de nuevo ayer a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el comisario Carlos G. reiteró al magistrado que el móvil del supuesto soplo policial fue «político».

La Razón
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Según fuentes jurídicas, durante las cuatro horas del interrogatorio el mando policial –que contestó «a todas las preguntas» sin mostrarse «en absoluto» nervioso– fue más allá y llegó a decir que el chivatazo salió a la luz pública «gracias a nosotros» (en referencia al equipo investigador).

Carlos G. relató que al tener conocimiento de la delación al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, se puso en contacto con el entonces comisario accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, para que informaran al juez Fernando Grande-Marlaska –que dirigía la operación– de lo sucedido. «Me dijeron que estuviese quieto, que ya informarían ellos», asegura que le contestó según las mismas fuentes.

Baliza de sonido
Al mismo tiempo, Carlos G. también negó rotundamente la acusación de Cabanillas de querer borrar una de las pruebas clave del caso: la baliza de sonido que interceptó una conversación entre Elosua y su yerno.

A renglón seguido, Germán restó credibilidad a la declaración de Elosua del pasado miércoles, cuando el dueño del bar Faisán aseguró al juez que el inspector José María Ballesteros no era la persona que le entregó el móvil desde el que le alertaron de la operación policial en marcha. De hecho, recordó que pese a que cuando fue detenido en junio de 2006 fue precisamente él quien le interrogó, al regresar a su local hace un par de meses, para reconstruir los hechos en una infografía por orden del juez, Elosua ni siquiera le reconoció.

Del mismo modo, dudó de la versión de Elosua de que, tras recibir el chivatazo, acudió a una lonja de su propiedad para rellenar un papeleo de impuestos pendientes. Carlos G. sospecha que lo que en realidad hizo fue deshacerse de un listado de empresarios (posibles objetivos de la extorsión etarra), de un sello con el anagrama de ETA y de 54.000 euros procedentes, presuntamente, del dinero recaudado a los extorsionados.

Respecto a los cortes en la cinta grabada en el bar Faisán el día del chivatazo, los tildó de «intrascendentes» e irrelevantes para la investigación, a la vez que insistió en que en las grabaciones anteriores y posteriores a esa fecha «también había cortes».

Niega la llamada de Garzón
Carlos G. calificó ayer de «absolutamente falso» que el juez Baltasar Garzón llamase por teléfono desde Nueva York un día antes del chivatazo para intentar que no se llevara a cabo la operación policial prevista contra el «aparato de extorsión» de ETA. Según declaró ante el juez Pablo Ruz el pasado 9 de febrero José Cabanillas, ex comisario accidental de la Unidad Central de Información de la Policía, Garzón habló con Marlaska y con Carlos G. la noche del 3 de mayo de 2006, cuando ambos estaban en el despacho del juez.