El ex director de la Policía avala la tesis de que con el «Faisán» se quiere juzgar el proceso de paz

Así lo pone de manifiesto el abogado de García Hidalgo, Fernando Bejerano, en el recurso contra el procesamiento de su cliente por el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de una inminente operación contra su red de extorsión en mayo de 2006. El letrado replica así –«exclusivamente a efectos dialécticos», dado que su cliente, recalca, «ha negado siempre su participación en los hechos»– al argumento del juez Ruz, que enmarcó el soplo en el alto el fuego declarado por los terroristas en marzo de 2006 y en la «negociación» emprendida por el Gobierno español.
Y frente a esa hipótesis del motivo de la llamada telefónica que puso en guardia a Joseba Elosua (dueño del bar Faisán de Irún, supuesto epicentro del pago del «impuesto revolucionario»), la defensa de García Hidalgo esgrime el voto particular al auto del pasado 4 de abril en el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó retirar la acusación de colaborar con ETA a los tres imputados del «caso Faisán». En ese voto discrepante, el magistrado José Ricardo de Prada denunciaba (en un párrafo que reproduce textualmente la defensa) que ciertos sectores traten de «cuestionar políticamente un proceso de paz fallido». Hasta el punto, añadía el magistrado, de «introducirlo forzadamente en un cauce jurídico, en un proceso penal, a través de la criminalización» de los hechos investigados, en el que los imputados «no actuaban autónomamente sino en cumplimiento de sus obligaciones profesionales».

«Pena de banquillo»
García Hidalgo califica de «radicalmente desacertada» la decisión del instructor de procesarle. Una resolución, denuncia, que acarrea su «aniquilación social tras una acreditada e incuestionable labor al servicio de nuestro país en la lucha contra el terrorismo».
Para García Hidalgo, el auto de procesamiento «se ha convertido en una resolución extremadamente gravosa» para los imputados, que «sufren la llamada "pena de banquillo"o "juicio paralelo"que afecta directamente contra su honor». Una imputación «injusta y perturbadora» que, concluye, «ha llegado el momento de reparar».
«He sacrificado mi vida»
Tanto García Hidalgo como el jefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros comparecieron ayer ante Ruz, quien les comunicó formalmente su procesamiento. Los tres negaron, a preguntas del fiscal Carlos Bautista, que compartan los fines de ETA (requisito imprescindible, según la Fiscalía, para acusarles de ayudar a la banda terrorista).
Pamiés leyó ante el magistrado un alegato en el que asegura que le indigna que le acusen de colaborar con ETA, «a la que tanto daño he hecho». «¿Durante cerca de dos años he estado colaborando con ETA?», se preguntó antes de afirmar con ironía: «Debo ser el mejor agente doble de la historia reciente». «Me he pasado 29 años luchando contra una organización terrorista y he sacrificado mi vida y la de mi familia por defender a mi patria», subrayó Pamiés (que según el juez fue quien alertó por teléfono a Elosua de la operación).

Los argumentos de las defensas

Víctor García Hidalgo. Ex director de la Policía
«Pasará a la historia como el mayor juicio político de la democracia»
Acusado, como el resto de los procesados, de colaboración con ETA o encubrimiento y de revelación de secretos, Ballesteros considera que el «caso Faisán» adquiere «tintes de pasar a los anales de la historia jurídica como el mayor juicio político de la democracia». Además, destaca la «insostenibilidad jurídica» de la resolución judicial, que se basa en «elucubraciones sin fundamento».

Enrique Pamiés. Jefe de Policía País Vasco
«Debo ser el mejor agente doble de la historia reciente»
En un recurso de 60 folios, Pamiés considera que con su procesamiento, el juez Ruz busca en él al «culpable perfecto». Ayer, ante el juez insistió en su inocencia: «Me indigna que me acusen de colaborar con ETA, a la que tanto daño he hecho». «¿Durante cerca de dos años he estado colaborando con ETA? Debo ser el mejor agente doble de la historia reciente», ironizó. Sobre la investigación, no tiene dudas: está «viciada».

José Mª Ballesteros. Inspector
«Nos encontramos ante una decisión radicalmente desacertada»
Su abogado considera que «nos encontramos ante una decisión radicalmente desacertada que no sólo conlleva el procesamiento formal de mi patrocinado, sino su aniquilación social tras una acreditada e incuestionable labor al servicio de nuestro país en la lucha contra el terrorismo». Y recalca la «indignación que produce tan injusta resolución». Acusarlos de ayudar a ETA, dice, sólo responde a una valoración «sesgada» y alejada de la realidad.