El CGPJ pedirá un crédito por si debe indemnizar a Dívar

MADRID- La indemnización de Carlos Dívar sigue en el aire. El ConsejoGeneral del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer solicitar a Hacienda una ampliación presupuestaria de 44.623 euros, necesaria para afrontar el pago de los 208.243 que ha solicitado el ex presidente del CGPJ como compensación económica que reconoce la ley por sus más de dos años al frente de la institución. Por ahora, ni una palabra sobre la procedencia o no de ese desembolso. Habrá que esperar a que Hacienda conteste para abordar esa «patata caliente», en palabras del propio GonzaloMoliner, sustituto de Dívar al frente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Moliner, quien hace unos días aseguró que si el CGPJ no aprobaba la indemnización a Dívar incumpliría la ley, matizó ayer sus palabras y recalcó que se atendrá, como no puede ser de otra manera, a lo que decida al respecto elPleno del órgano de gobierno de los jueces.«Me reservo la posibilidad de mantener mi opinión o de cambiarla», advirtió.

El presidente del CGPJ negó que la decisión de aplazar la posición del Consejo sobre el pago de la compensación a Dívar suponga pasar la patata caliente a Hacienda. «La patata caliente la tenemos nosotros», admitió resignado.

Al margen de los coletazos del «caso Dívar», lo que tocaba ayer en el Consejo del Poder Judicial era sacar pecho por el recorte presupuestario de 8,5 millones de euros (un 12,02% respecto a las cuentas de 2012) previsto para el próximo año. Si Hacienda da el visto bueno, la institución dispondrá en 2013 de 62,7 millones de euros frente a los 71,3 del actual ejercicio, una cuantía que retrotrae alConsejo al presupuesto del que disponía en el año 2005. «Es necesario un ajuste por la actual situación de crisis», explicó Moliner, secundado por la portavoz del organismo, Gabriela Bravo, quien recalcó que el CGPJ «es solidario» con la peliaguda situación económica que atraviesa el país.

Menos dinero para viajes
Las partidas que más sufrirán en sus carnes los tijeretazos serán las de selección de la Escuela Judicial (que menguará un 61,42%);el cajón de sastre que engloba, entre otros gastos, los viajes del personal del Consejo, reuniones y anticipos (un 43,08% menos); la cooperación judicial internacional (que cairía un 35,99%) y la atención on-line a los ciudadanos (un 32,11 por ciento menos para el próximo ejercicio). También disminuye un 20 por ciento el presupuesto destinado a la dirección política del Consejo: los gastos ocasionados por el presidente y los vocales en sus desplazamientos, reuniones, encuentros profesionales y protocolo.

Entre las partidas que menos verán mermadas sus asignaciones presupuestarias figura la relativa a los gastos corrientes de los cuatro edificios que albergan las dependencias de la institución (que se reducirá un cinco por ciento). La inminente subida del IVA frustra un recorte más ambicioso.

Pero también hay partidas que incrementarán sus cuantías, como la del Personal Judicial (un 14%), dado que los programas para jueces y magistrados de prevención de riesgos laborales, reconocimientos médicos y seguros de responsabilidad civil apenas tienen dos años de vida.
El Pleno también aprobó el informe elaborado por la Comisión de Estudios sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adecuarla a las medidas aprobadas para garantizar la estabilidad presupuestaria.Este cambio legal acarrea la equiparación del régimen vacacional y de días libres de jueces y magistrados al del resto de funcionarios.

Discrepancias
ElCGPJ critica que algunas medidas, entre ellas la eliminación de los seis permisos anuales de tres días de los que disfrutaban, «suponen una restricción de derechos en la carrera judicial». La institución invoca las peculiaridades de la función jurisdiccional. Moliner insistió en que «el juez es un funcionario público con connotaciones excepcionales».

El informe contó con los votos particulares de los vocales José Manuel Gómez Benítez, quien defendió que los jueces no pueden disponer de un régimen de permisos distinto al del resto de funcionarios, y Ramón Camp, para el que la reducción de los días de permiso debería haber sido proporcional.

Los derechos de «este señor»
En su segunda comparecencia ante los medios de comunicación, el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial no tuvo reparos en referirse ayer a su antecesor en el cargo, Carlos Dívar, como «este señor». Moliner precisó que, por razones de técnica presupuestaria, en el Pleno los vocales no habían «decidido nada sobre el derecho de este señor a percibir o no la indemnización».