Actualidad

El Gobierno eleva al 13% el límite de deuda regional

La Razón
La RazónLa Razón

MADRID- El Gobierno se ha mostrado inflexible con las comunidades autónomas a la hora de relajar su objetivo de déficit –1,5% del PIB– como habían pedido algunas de ellas y, sin embargo, sí les ha dado un poco de oxígeno en cuanto al objetivo de deuda permitido, suavizándolo. Según el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobado en el último Consejo de Ministros, las comunidades podrán tener un límite en su nivel de deuda del 13% sobre el PIB, frente al 10% recogido en el anteproyecto de esta ley del 27 de enero de 2012.

Esta variación, de tres puntos con respecto a la cifra puesta en un primer momento sobre la mesa, permite a varias regiones cumplir con el límite legal y continuar realizando operaciones de endeudamiento. «La Administración que supere un límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto», establece el marco legal, que además concreta que «Estado y comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito».

Este cambio de última hora permite a Aragón (10,3% de deuda sobre PIB), Extremadura (11%), Galicia (12,4%), Murcia (10%), La Rioja (11,8%) y Navarra (11,1%) mantenerse dentro del límite legal, según los últimos datos publicados por el Banco de España referentes al tercer trimestre. Otras regiones en peligro de superar el tope máximo eran Andalucía y Cantabria, con niveles de deuda del 9,5% y 9,7%, respectivamente.

Quedan fuera
Por el contrario, el cambio sigue dejando fuera del límite de endeudamiento a la Comunidad Valenciana, cuya deuda asciende a 19,9%; Cataluña (19,7%), Castilla La-Mancha (18,3%) y Baleares (16,8%). La deuda total de las 17 autonomías también se ajustaría a la normativa, al registrar un nivel del 12,6% según los últimos datos publicados.

La relajación del objetivo de deuda de las comunidades no afectará al compromiso establecido por el Gobierno con Bruselas para el conjunto de las administraciones públicas (60% deuda/PIB para 2020).

De hecho, el Gobierno ha decidido –en otro cambio con respecto al anteproyecto de ley– rebajar el nivel de deuda máximo para la administración central (del 47% al 44%), supliendo así la flexibilización del tope establecido para las regiones.
La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad y obliga a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural a partir de entonces. En caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4% del PIB.

 

Horizonte, año 2020
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece un periodo transitorio hasta 2020, durante el cual se determina una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 60% del PIB.
Cuando se alcance una tasa de crecimiento real del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.