Zapatero busca el apoyo político tras fracasar el diálogo con los agentes sociales

El Gobierno prepara en solitario un borrador de la reforma laboral en el que la crisis justificará el descuelgue de los convenios y la rebaja del coste del despido en España, después de certificar a las seis de la madrugada de ayer el fracaso de las negociaciones con empresarios y sindicatos. Casi once horas de reunión y dos documentos diferentes, el primero, entregado por el Ejecutivo a las ocho de la tarde del miércoles, y el segundo, a las cuatro y media de la madrugada de ayer, no bastaron para que hubiera fumata blanca. Por eso remitirá hoy mismo su borrador de decreto ley a los agentes sociales, con los que se reunirá por separado para explicarles los ejes principales de las nuevas reglas del mercado laboral. Además, lo enviará a CiU, PNV y CC, grupos con los que espera sacar adelante su reforma, que aprobará el próximo 16 de junio. El último informe, de cinco páginas de extensión, entregado ayer a los agentes sociales servirá para sentar las bases de lo que será el decreto ley del Gobierno, que negociará este fin de semana con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios.La puerta de la flexibilidadPor primera vez en un documento, abre la puerta a que los empresarios puedan utilizar la crisis para desmarcarse de sus convenios colectivos. De esta manera, atiende los requerimientos de los distintos órganos internacionales y de las tres fuerzas nacionalistas de introducir mayores dosis de flexibilidad interna.Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la reforma el 1 de julio próximo, los empresarios españoles podrán alegar la crisis para modificar las condiciones laborales de sus empleados. Eso sí, los cambios deberán acometerse en aras a garantizar la viabilidad de la empresa y su empleo. En ausencia de un acuerdo, el procedimiento arbitral no podrá tener una duración superior a diez días hábiles, período improrrogable. «El laudo arbitral tendrá la misma eficacia que lo pactado en el convenio y se podrá impugnar ante el orden jurisdiccional social».El decreto del Gobierno abaratará el coste del despido de los contratos de fomento de contratación indefinida, con el fin de acabar con la dualidad existente entre temporales e indefinidos. La indemnización por despido improcedente se situará en 33 días y la de por causas objetivas, en 20 días, de los que ocho días correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial y 12 el empresario. No obstante, el Ejecutivo, presionado por los grupos políticos, no descarta rebajar el improcedente de este contrato a 20 días. Es decir, igualarlo al coste de por causas objetivas. Además, encarecerá el despido de los temporales, que pasará de los actuales ocho días a 12. Este alza se aplicará gradualmente a partir de 2011.