La UE insiste: España debe subir el IVA

Bruselas-Los líderes de la Unión Europea aprobarán hoy un paquete de recomendaciones de política económica para España que insiste de nuevo en la necesidad de que el Ejecutivo español aumente el Impuesto de Valor Añadido (IVA) y los gravámenes de carácter medioambiental para nivelar la recaudación nacional con la media europea.

Todo ello se haría suprimiendo exenciones ya existentes y eliminando artículos y servicios de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%).

En el marco de las nuevas políticas de control de los desequilibrios en la zona euro, el Consejo Europeo se hace eco del documento aprobado previamente por los ministros de Economía, en el que también se incluye una referencia para eliminar la deducción por compra de vivienda que reintrodujo el Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo de todo ello, alega el texto, es mejorar el sistema fiscal para que favorezca más el crecimiento y evite la creación de burbujas inmobiliarias, alentando por el contrario el mercado del alquiler.

Aunque se ha suavizado la versión emitida por la Comisión, la UE solicita también al Gobierno que garantice que la edad de jubilación aumente «en línea con la esperanza de vida», al tiempo que reclama más «medidas concretas» para garantizar que las personas mayores sigan en el mercado laboral el mayor tiempo posible. En el marco de la política presupuestaria, Europa reclama un recorte del déficit superior al 1,5% del PIB anual, revisar las prioridades de gasto y dedicar más dinero para las pymes, investigación, innovación y jóvenes. En ese sentido, apuesta por aumentar los esfuerzos para reducir el abandono escolar y aumentar la formación profesional y la formación continua con el objetivo de ajustar las cualificaciones de los trabajadores a la demanda del mercado laboral. Incrementar el control de las cuentas de las comunidades autónomas, aplicar la reforma laboral, liberalizar las profesiones reguladas y reducir los plazos para obtener los permisos para abrir un negocio, son otras de las recomendaciones.El cumplimiento de estas recomendaciones es obligatorio para España, puesto que, si no lo hiciera, la Unión podría decidir la congelación del préstamo de hasta 100.000 millones de euros acordado para la recapitalización de la banca española.