El exconsejero que calla y otorga

Desde entonces, Viera se ha dedicado a mantener una distancia significativamente prudencial respecto a este escándalo, limitándose a lanzar sus aceradas –y habituales– críticas al Partido Popular.

En este tiempo, el «caso Mercasevilla» no ha hecho más que crecer en manos de la juez Mercedes Alaya y sus investigadores policiales, hasta dejar al descubierto una presunta «trama fraudulenta» que ha hecho temblar la política autonómica de financiación pública de las regulaciones laborales en empresas en crisis.

Aparte de la «anuencia de algún alto cargo» de la Junta de Andalucía que destaca la Policía Judicial, las pesquisas ponen en duda la gestión misma de las prejubilaciones subvencionadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia IDEA), emprendida por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero con la aprobación de su «jefe» Viera en la Consejería de Empleo. El informe policial detecta en este modelo un «flagrante incumplimiento» de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía y, aun así, el dirigente socialista continúa sin romper su silencio.

Viera se remite a las explicaciones del actual consejero, Manuel Recio, quien al principio se esforzó por contener la información y los golpes del «caso Mercasevilla» desligándose de sus antecesores. Con el contundente atestado policial en escena, el cambio de estrategia era obligado, así que el responsable autonómico se ha erigido en defensor a ultranza de la legalidad de las ayudas laborales y de la honestidad de sus compañeros socialistas.

Recio incluso «echó un capote» a su directo antecesor, Antonio Fernández, asegurando que bajo su mando se elaboró el estudio que aconsejaba la eliminación del «sistema Guerrero». Ni una palabra de alivio para José Antonio Viera, que sigue callado bajo la avalancha de dudas legales en una semana complicada por la negociación de la lista de socialistas que acompañarán a Juan Espadas en su lucha por la Alcaldía.

Sólo se permitió ayer –vía comunicado– repetir las consignas del aparato socialista: la tramitación administrativa de los ERE está visada por los servicios jurídicos e Intervención de la Junta y por la Cámara de Cuentas, y cualquier hecho delictivo es achacable sólo a «personas ajenas en estos momentos al Gobierno andaluz y al PSOE que han podido aprovecharse de determinadas circunstancias para su enriquecimiento ilícito; contra ellos debe actuar la Justicia de manera implacable si se demuestra su culpabilidad».