Los hospitales dejan datos de pacientes al descubierto

Pero la realidad ha demostrado que no siempre es así. Y algo incluso más preocupante: es en los hospitales públicos donde más peligro corren los datos de quienes tienen que ser ingresados. Así lo revelan los resultados de un estudio elaborado entre más de 600 centros hospitalarios de nuestro país por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El informe, hecho público ayer, señala que hasta un tercio de los hospitales incumple la ley.

Con independencia de las variables analizadas, en el estudio se repite una constante: los centros privados hacen mejor sus «deberes» que los públicos. De este modo, por ejemplo, el 94,5 por ciento de las clínicas incluye cláusulas informativas en sus formularios de recogida de datos, frente al 55 por ciento de los hospitales públicos. En el 94 por ciento de los centros de titularidad privada, además, los responsables tienen la precaución de informar al personal de limpieza sobre la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos (evitan, de este modo, que las historias clínicas de los enfermos acaben en un contenedor de basura). El porcentaje baja hasta un 74 por ciento en el caso de los centros públicos.

Pero lo que la AEPD considera «más preocupante» es que el 66 por ciento de los hospitales de titularidad pública no hagan la auditoría bienal de seguridad, obligatoria por ley. Sobre todo porque casi nueve de cada diez centros privados sí cumplen con este deber.

Doble rasero
En suma, de los 268 hospitales del Sistema Nacional de Salud analizados, más de la mitad (159) deberán introducir alguna medida correctora. No obstante, ninguno de ellos será sancionado por los resultados del estudio. Porque, quizá, la diligencia de los privados y la aparente desidia de los públicos tenga algo que ver con el doble rasero que la ley les aplica.

Mientras los centros en manos privadas pueden ser castigados con multas de entre 600 y 600.000 euros si no preservan de manera adecuada la intimidad de sus pacientes, la normativa no contempla ninguna contrapartida para los públicos, luego los resultados del estudio de la AEPD sólo servirán para informar a las consejerías de salud y al Defensor del Pueblo.

En cuanto a las diferencias autonómicas, el informe constata que también en este punto existen. Mientras que La Rioja y Murcia son las únicas comunidades donde los centros públicos superan en nota a los privados, Aragón y Cantabria acumulan las mayores deficiencias.