Rubalcaba y los contactos

 Uno de los compromisos que el presidente del Gobierno contrajo ante el Congreso el pasado año fue el de promover la desaparición de los anuncios de prostitución en los periódicos, práctica no sólo anómala en el periodismo de calidad de Europa, sino también denigratoria de la dignidad de la mujer y herramienta que emplean con frecuencia las mafias para vender su mercancía. Sin embargo, da la impresión de que el cambio de Gobierno, que sacó del Consejo de Ministros a dos decididas partidarias de suprimir este tipo de publicidad, Bibiana Aído y Fernández de la Vega, ha postergado la promesa de Zapatero.

Lo cierto es que nada se ha hecho desde entonces, no se ha avanzado en trámites imprescindibles, como el dictamen solicitado en mayo al Consejo de Estado, y no parece que el plenipotenciario vicepresidente Rubalcaba esté dispuesto a librar una batalla que puede incomodar sus perspectivas políticas. Es verdad que, en una reciente reunión con los miembros de la Asociación Española de Editores (AEDE), Rubalcaba elucubró sobre la conveniencia de que fueran los propios medios los que autorregularan ese tipo de reclamos sexuales, pero no dijo nada de qué haría el Gobierno si no se diera ese paso.

Ni que decir tiene que la finta escapista de Rubalcaba es tan inconsistente como si se dejara a las tabacaleras la autorregulación de los fumadores en vez de promulgar la Ley Antitabaco más restrictiva de Europa. Pero en este caso existe además una exigencia del Congreso, que el pasado 21 de septiembre instó al Gobierno a presentar en un plazo de cuatro meses una propuesta para la retirada de esa publicidad degradante. Nadie sabe mejor que el ministro del Interior que, en no pocas ocasiones, detrás de los anuncios de contactos se esconden redes internacionales dedicadas a la trata de mujeres, como se demostró a raíz de las brillantes operaciones policiales llevadas a cabo el pasado año.

La persecución del delito organizado no se ciñe solamente a la detención del delincuente, sino que implica también cegar sus fuentes de financiación y de propaganda. En el caso que nos ocupa, es un contrasentido que el partido que ha hecho de la «liberación de la mujer» su estandarte más aireado se cruce de brazos ante la publicación diaria de anuncios vejatorios, humillantes y ofensivos para la condición femenina. Más aún, es razonable pedir que se evalúe si quebrantan el código deontológico de la Publicidad y si no deberían someterse a unas salvaguardias similares a las que se les exige a las cadenas de televisión en los horarios infantiles y juveniles. No se trata de un debate menor ni coyuntural, sino de una exigencia inherente a una democracia de calidad, como acertadamente lo ha expresado el acuerdo del Congreso.

Tampoco se puede aducir como excusa la crisis económica para dilatar su eliminación, salvo que se quieran supeditar los principios éticos a los intereses mercantiles en un específico comercio donde el género es diariamente expuesto en el escaparate con todo lujo de detalles y de trucos visuales. El Gobierno Rubalcaba sabrá qué quiere llevar en su próximo programa electoral, si ardientes proclamas feministas o hechos concretos en defensa de la mujer.