Gabilondo quiere que cada vez se hagan menos exámenes

En declaraciones a los periodistas, Gabilondo, que visitó el Campus científico de Verano que se desarrolla en la Universidad de Córdoba (UCO), reaccionó así a la pregunta de si es preciso regular con una norma general las medidas a adoptar ante los estudiantes universitarios que copian en los exámenes, tras la polémica suscitada por el reglamento que fijó al respecto la Universidad de Sevilla, aunque el artículo en cuestión se dejó finalmente sin efecto, en cuanto a que un alumno que fuera sorprendido copiando en un examen podía acabarlo y luego se juzgaría su caso por un comité de profesores y alumnos.

La respuesta del ministro de Educación fue la indicada, insistiendo en que "hay que hacer más pruebas y menos exámenes", a lo que añadió que, en cualquier caso, "el debate estaba muy bien planteado en Sevilla", en cuanto a si es preciso "abrir un proceso que permita la defensa de quien se considera que está copiando", lo cual no quiere decir y Gabilondo no cree que tampoco lo pretendiera la Universidad de Sevilla, "el que haya impunidad a la hora de dar cuenta pública de lo que uno sabe".

Otra cuestión, según argumentó, es "el debate sobre los derechos de los estudiantes", recordando en este punto que el Ministerio de Educación trabaja, desde el "consenso", para elaborar "un nuevo Estatuto del Estudiante", a la vez que anunció que se va a "cambiar toda la normativa que tiene que ver con los procesos sancionadores en la Universidad", tema éste respecto al que hay que "hacer una gran reflexión".

Sin embargo, subrayó que le "importa más defender valores y principios que polémicas", y uno de los primeros es que "quien copia se engaña a sí mismo y, desde luego, copiar no es el procedimiento para dar cuenta pública de lo que uno sabe", si bien recordó que él es "partidario de la evaluación continua"y no de "jugárselo todo"en un examen.

Anulación de incentivos

En cuanto al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la orden de la Junta de Andalucía que regula el Programa de Calidad de la Consejería de Educación, que concede hasta 7.000 euros de incentivo a los docentes para atajar el fracaso escolar, Gabilondo dijo que no opinaba sobre un proceso judicial en marcha, deseando "que se aclare jurídica y judicialmente el asunto".

Sin embargo, dijo estar seguro de que "la Junta y quienes trabajan pensando en los profesores tendrán bien en cuenta sus derechos y trabajarán para que tengan el reconocimiento debido, pero respecto a lo que puedan o no decir los tribunales, lo que hay que hacer es esperar a ver lo que dicen".